El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del expresident catalán Carles Puigdemont por malversación agravada y desobediencia, tras la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno que derogó la sedición.
La Sala de apelación del alto tribunal ha rechazado los recursos de apelación de Puigdemont y de los exconsellers Antonio Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig contra la decisión de mantener su procesamiento, acordada por el magistrado Pablo Llarena.
Y ha hecho lo mismo con el recurso de Vox, que ejerce la acusación popular, que pedía añadir el delito de desórdenes públicos agravados en sustitución del delito de sedición, derogado por la reforma, por entender que los elementos de ambos tipos penales son distintos.
"Los encausados desplegaron e impulsaron una desobediencia civil y una insurrección institucional orientada a alterar el orden constitucional, sin ninguna llamada a la violencia, no unos desórdenes públicos por medio de la violencia", dice la Sala.
Los magistrados siguen así la línea fijada por el tribunal que juzgó a los líderes independentistas que hace unos meses rechazó calificar los hechos como desórdenes públicos y explicó que la reforma de la malversación no altera el procesamiento por este delito, ni cabe incluir los hechos en los nuevos subtipos atenuados fijados, que se cometen cuando no existe ánimo de lucro.
En la vista de apelación, la defensa del expresident pidió anular las órdenes nacionales de detención y revocar el procesamiento de Puigdemont y de los exconsellers para "que se adapte el procedimiento a la realidad gestada por el poder ejecutivo y legislativo" porque "ninguno es responsable del desaguisado de una reforma penal deplorable".
En su opinión, el auto de procesamiento había quedado "desfasado" y obsoleto debido al "transcurso del tiempo y algunos hechos" tales como la sentencia del proces y la reforma penal que deroga la sedición y modifica el delito de malversación, que ha situado a este procedimiento en "un escenario de embrollo procesal".
Pero la Fiscalía respondió que lo único que pretendían los rebeldes es "liar más procesalmente el asunto para seguir planteando nuevas batallas" en los tribunales cuando "todo este empantanamiento procesal no ha sido obra del tribunal, ni de la Fiscalía ni de la Abogacía, ha sido obra de los recurrentes".
