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jueves | 18 abril | 2024
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrirá una ronda con todos los grupos con el objetivo de recabar su apoyo para una reforma limitada de la Constitución que limite el fuero de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores al estricto ejercicio de sus funciones en el cargo.
Así lo anunció ayer la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que remitió al Consejo General del Poder Judicial el anteproyecto de ley de la reforma, paso previo a su aprobación definitiva y remisión a las Cortes. La llegada del texto al Parlamento aún puede demorarse un mes más, puesto que el CGPJ tiene ese plazo para emitir su informe.
Los populares son clave
El PP será clave para que la reforma salga adelante puesto que este tipo de reforma de la Constitución –que afecta tan solo a dos artículos– requiere el apoyo de tres quintas partes del Congreso –210 de los 350 diputados– y el Senado –159 de los 266 representantes–, donde los populares tienen mayoría absoluta.
En esa ronda, Sánchez no pedirá a Podemos que desista de su intención de pedir un referéndum sobre esta reforma. “No le podemos decir a ningún grupo de la Cámara que no lo haga. Ni podemos ni debemos. Cuando eso se produzca, veremos si se produce el formato de encaje que tiene porque es un requisito constitucional que hay que cumplir. No seremos nosotros quien ponga ningún tipo de prevención porque queremos que esta reforma se haga”, explicó
La tónica media
Solo con que un 10 por ciento de los diputados lo pida –y Unidos Podemos ya avanzó esta intención– es obligado someter este tipo de reforma de la Constitución a referéndum. Lo cierto es que desde que Podemos anunció su intención de solicitar la consulta, el Gobierno asumió con normalidad esta posibilidad.
Con esta reforma, el Gobierno aspira a acercarse a la “tónica media” del régimen de aforamientos en el resto de Europa y trasladar a los ciudadanos la seguridad de que los cargos públicos “están sometidos con igualdad ante las leyes”, explicó Calvo.
La vicepresidenta confirmó que el anteproyecto calca casi en su total literalidad la propuesta formulada por el Consejo de Estado, órgano al que el Gobierno encargó un informe sobre la manera de llevar a cabo la reforma.
Así, se limita a modificar los artículos 71 (apartado 3) y 102 (apartado 1) de la Constitución que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores.
El artículo 71.3 quedará redactado de la siguiente manera: “en las causas contra Diputados y Senadores por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.
Y el 102.1, así: “La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.
El Gobierno no entra en el terreno de las autonomías –cuyos Estatutos otorgaron también el fuero a los miembros de sus Gobiernos y Parlamentos– pero Calvo remarcó que es “evidente que una vez que se marca el listón”, ha de producirse una “armonización constitucional”, por lo que los Estatutos se deberán adecuar a la nueva redacción de la Carta Magna.
