El candidato de Junts per Catalunya (JxCat) a ser investido presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidió ayer amparo al presidente del Parlament, Roger Torrent, para poder someterse al pleno de investidura convocado para hoy.
En un escrito dirigido a Torrent, Puigdemont señaló que dadas las “actuaciones judiciales y gubernamentales del Estado encaminadas a obstaculizar el ejercicio” de su “mandato como diputado y como candidato a la Presidencia de la Generalitat, y particularmente a impedir que pueda asistir al pleno” , decidió pedirle “amparo” y que “adopte las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas del Parlament”.
Inmunidad
En el texto, el candidato a la Presidencia de la Generalitat sostiene que, de acuerdo con el reglamento del Parlament y del Estatut, tiene “el derecho a asistir a los debates y a las votaciones del pleno” y goza de “inmunidad con el efecto concreto de que no puede ser detenido si no es en caso de delito flagrante”.
Además, el Tribunal Constitucional exigió a Puigdemont un permiso del Tribunal Supremo para su investidura, pero el abogado del expresidente catalán, Jaume Alonso-Cuevillas, decidió ayer no pedir, sin descartar que el candidato a la Presidencia de la Generalitat se presente hoy en el Parlament.
Puigdemont, dirigió un escrito al Supremo, en el que acredita su condición de diputado del Parlament y subraya que puede ejercer los derechos que le son inherentes sin necesidad de “autorización judicial”.
Asimismo, los diputados de JxCat presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para pedir la nulidad de la medida cautelar que prohíbe una investidura a distancia de Puigdemont, según informó el grupo parlamentario.
El Tribunal Constitucional se reunirá hoy para resolver la solicitud de dejar sin efecto el auto que suspendió cautelarmente su investidura si no es presencial y cuenta con permiso judicial. El pleno se reunirá a partir de las 13.00 horas para resolver las alegaciones
Sacrificar al candidato
Mientras, el portavoz de ERC, Sergi Sabriá, reiteró ayer su apoyo a la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat en el pleno de hoy y, si bien pidió “firmeza”, coincidió con su portavoz en el Congreso, Joan Tardá, en que “por encima de todo está el país”.
En la rueda de prensa posterior a la permanente de ERC, Sabriá indicó que “ante el embate más feroz que nunca del Estado contra los derechos de los diputados catalanes y la demofobia del Estado español, ERC pide a todos los partidos firmeza en defensa de las instituciones de Cataluña”.
Ahora bien, dicho esto, el portavoz de ERC se refirió a las declaraciones que el domingo hizo el portavoz de este partido en el Congreso, Joan Tardá, según las cuales, si hace falta, había que “sacrificar” a Puigdemont.
Sin utilizar esta palabra, Sabriá invitó a “leer bien” la totalidad de las declaraciones de Tardá, puesto que se mostraba favorable a restituir a Puigdemont y al vicepresidente, Oriol Junqueras, pero teniendo presente, no obstante, que “hay un bien que está por encima de todo, que es el país”.
Sobre la posibilidad de que la investidura de Puigdemont sea anulada de forma inmediata por el TC, el portavoz de ERC indicó que “para nosotros la prioridad absoluta es tener un Govern de forma inmediata que pueda poner fin al artículo 155”, con lo cual para su partido “en ningún caso es una opción” aceptable “ir a unas elecciones”.
Los comuns, con Tardá
Por su aprte, la portavoz de CatComú, Elisenda Alamany, mostró ayer la sintonía de los comunscon la idea que el domingo lanzó Joan Tardá (ERC) sobre la posibilidad de “sacrificar” al candidato de JxCat a presidir la Generalitat.
“Me gusta más la ERC que defiende Tardá que la que está supeditada a los designios de JxCat”, respondió Alamany al preguntarle los periodistas por las palabras del dirigente de ERC.
Para los comuns, las decisiones inmediatas que tome el Parlament deben dejar a Cataluña “mejor y no peor” que ahora, con la actual intervención.
Destaca que el punto que genera más consenso entre los soberanistas es el de que “todas las decisiones que se tomen a partir de ahora tienen que ir en la línea de acabar con la intervención de las instituciones”.