La defensa del PP apeló ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión de la juez de instrucción Rosa María Freire de mantener a la formación procesada por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas empleaba en la sede de la calle Génova.
En su recurso se pregunta por qué el PP debió prever que los dispositivos guardaban información esencial cuando a esas alturas de la investigación sobre la presunta “caja B” el instructor en la Audiencia Nacional nunca mostró interés por registrar la casa de su exempleado: “Si ninguna autoridad judicial jamás mostró el más mínimo interés en registrar la casa del señor Bárcenas e incluso en requerir los ordenadores (...) ¿por qué iba a tener que prever el partido o sus empleados que esos ordenadores iban a ser reclamados meses después por la autoridad judicial? Es una carga inventada, de imposible previsión”, señala el PP, que contesta de este modo a las argumentaciones en las que Freire rechaza sacar a la formación de la causa alegando que debió poner los ordenadores a disposición del instructor del caso sobre la presunta caja B del PP.
Considera que la juez “está imponiendo a los empleados del partido, terceros ajenos al procedimiento de ‘los papeles de Bárcenas’, una carga que desde luego no les corresponde asumir. ¿Por qué se supone que tenían que adelantarse los empleados del Partido a un hipotético requerimiento judicial que era absolutamente imprevisible?”.
“El PP estaba en su derecho de poner fin a la cesión de uso de los ordenadores y recuperarlos a su voluntad, igual que estaba en su derecho de denegar al señor Bárcenas el acceso a la Sala Andalucía, cuyo uso se le había cedido, así como el uso de otros medios propiedad del Partido”, concluye la defensa en su argumentación sobre la falta de elementos, en este caso, del tipo penal de daños informáticos que le atribuye la juez Freire.
El PP señala también en su recurso que la juez Freire no es competente para seguir tomando decisiones sobre este asunto ya que ha sido recusada por esta parte, que la considera cercana al PSOE, y esta cuestión aún no ha sido dirimida. Insisten en que un juez recusado “es parcial”, por lo que las actuaciones deberían retrotraerse al momento anterior al que fue presentada su petición para apartar a Freire.