jueves 02.04.2020

El juez ordena detener a Anna Gabriel pero no dicta orden internacional de búsqueda

El Gobierno suizo subrayó ayer que rechazaría una eventual solicitud de extradición de la Justicia española para la dirigente de la CUP Anna Gabriel, huida a Ginebra, porque los delitos de “carácter político” no están contemplados en el código penal helvético.

Anna Gabriel y su abogado, Olivier Peter, posan frente al Parque de los Bastiones en Ginebra | salvatore di nolfi (efe)
Anna Gabriel y su abogado, Olivier Peter, posan frente al Parque de los Bastiones en Ginebra | salvatore di nolfi (efe)

El Gobierno suizo subrayó ayer que rechazaría una eventual solicitud de extradición de la Justicia española para la dirigente de la CUP Anna Gabriel, huida a Ginebra, porque los delitos de “carácter político” no están contemplados en el código penal helvético.
El juez Pablo Llarena, que instruye el caso abierto en el Tribunal Supremo español por el proceso hacia la Declaración Unilateral de Independencia, optó ayer por dictar una orden de detención nacional contra la exdiputada regional anticapitalista después de que esta no acudiera a la citación judicial con el magistrado tal y como ya había adelantado este martes desde Suiza.

Petición de la fiscalía
La Fiscalía le había pedido que dicte un auto de prisión contra Gabriel y que curse una orden internacional de detención y entrega a Suiza para una posterior demanda de extradición.
Gabriel, que justifica su ausencia en Madrid con su opinión de que no iba a tener un juicio justo en España, por considerar que estaba siendo “perseguida políticamente”, queda así en la misma situación que el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que permanecen huidos en Bélgica.
El juez Llanera evitó con su escrito poner en marcha de momento un proceso de extradición con Suiza, cuyo Gobierno volvió ayer a rechazar esta vía a través del portavoz del Departamento Federal de Justicia, Folco Galli.

Sin base jurídica
Ya el martes había adelantado que “a priori” el caso de la dirigente antisistema parece estar ligado a delitos políticos que en Suiza no tienen base jurídica, por lo que una eventual solicitud de extradición o de asistencia jurídica por parte de España sería rechazada con toda probabilidad, aunque admitió que una petición tendría que ser analizada con profundidad.
En Suiza solo los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y actos especialmente reprobables como el secuestro de un avión o una toma de rehenes no son considerados delitos políticos.
Ayer el portavoz Galli fue un paso más allá y explicó que aún cuando el delito del que se acusa a Gabriel –el de rebelión– existiera en el Código Penal helvético en lo referente a crímenes contra el Estado o de alta traición, una “extradición no sería posible”.
“Existiría la correspondencia del delito en ambos países, que es una importante precondición para la extradición, pero aquí lo decisivo es que se trata a primera vista de delitos políticos que en el Convenio Europeo de Extradiciones y la ley suiza están excluidos”, indicó Galli.
Lo único comparable con el delito de rebelión en el Código Penal suizo es el artículo 265 sobre crímenes o delitos contra el Estado y de alta traición, que establece “una pena privativa de al menos un año” para aquel que cometa actos tendentes “a modificar por la violencia la Constitución helvética o la Constitución de un cantón”.
Lo mismo se aplica para quienes “derroquen por la violencia a las autoridades políticas instituidas por la Constitución o les impida mediante la violencia ejercer su poder” o “separen con violencia una parte del territorio suizo de la Confederación Helvética o una parte del territorio de un cantón”.

Una solicitud “ilícita”
Gabriel y su abogado en Suiza, Olivier Peter, consideraron el martes “ilícita” una eventual solicitud de extradición por parte de España.
Tras conocer la decisión del juez Llarena, la dirigente de la CUP pidió en declaraciones a la cadena catalana TV3 desde Ginebra el archivo de la causa y la libertad de los “perseguidos”.
Gabriel, que de momento solo habló con medios suizos y catalanes, reiteró que el motivo por el que rehusó ayer declarar ante el juez es que “las resoluciones judiciales que se dictan se escapan mucho de lo que sería normal en un Estado democrático” y se les aplica a los independentistas “un código penal como enemigos”.
Por su parte, el diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufían, aseguró ayer que Gabriel “no es que huya de la Justicia, sino que España se acerca a Turquía”. En los pasillos del Congreso, Rufián respondió así a los periodistas sobre la decisión de la dirigente de la CUP de no acudir esta mañana a declarar al Tribunal Supremo, donde estaba citada como investigada.
El diputado de ERC ha utilizado ese mismo argumento para mostrar su disconformidad con la condena de tres años y medio de cárcel que el Tribunal Supremo ratificó para José Miguel Arenas Beltrán, el rapero Valtonyc.

Comentarios