Las asociaciones de jueces y fiscales convocantes de la huelga de tres días contra las reformas judiciales del Gobierno cifran el seguimiento de este segundo día de paro en un 70%, frente al 75% de la jornada del martes y muy lejos de la cifra aportada por el Ministerio de Justicia, que rebaja ese seguimiento al 28,75% en la primera jornada y al 30,84% en la segunda.

El ministro citó los datos aportados por los secretarios de Gobierno de los tribunales superiores referidos al conjunto del territorio.

Las cinco asociaciones conservadoras, responsables de la protesta, señalaron que a las 12.00 horas de ayer y con carácter provisional, el seguimiento de la huelga se situaba “aproximadamente” en un 70%.
Esta estimación –explicaron– se fundamenta en los correos electrónicos “voluntarios y confidenciales” recibidos de las personas que comunicaron su decisión de secundar la huelga.

En el comunicado, la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) lamentaron que desde el Ministerio de Justicia no se haya adoptado ninguna medida para evitar esta situación.

Además, confían en que gracias a la planificación de los servicios mínimos establecidos por el comité de huelga, el impacto sobre la ciudadanía haya sido limitado, “garantizando en todo momento la atención urgente e inaplazable”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños señaló en una entrevista con la Cadena Ser que cualquier parecido con la realidad de la cifra que este martes aportaron las cinco asociaciones convocantes de los tres días de huelga –que situaron el seguimiento del primer día de paro en un 75%– “es pura coincidencia, al igual que los motivos de la huelga”.

El Ministerio de Justicia pidió al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado los datos de las personas que decidieron secundar el paro para detraer de su nómina la parte proporcional del sueldo, pero señaló que esos datos aún no fueron remitidos.

“El derecho a huelga es un derecho fundamental que conlleva un derecho, que es parar, no trabajar, y un deber, que es la obligación que conlleva no trabajar, que es no cobrar ese día de trabajo. Y por tanto, para no cobrar hay que comunicarlo al organismo pagador, que en este caso es el ministerio”, explicó. 

Bolaños destacó que el número de personas que les comunicó su participación en la huelga “ha sido exactamente de cero”. “Ni el comité de huelga está en huelga porque no nos han comunicado quiénes son las personas que han secundado el paro”.