El Gobierno coordina con CCAA y ucranianos en España el plan de contingencia para recibir refugiados

El Gobierno trabaja "desde hace días" en el plan de contingencia para atender las necesidades de los refugiados que puedan llegar a España huyendo de la invasión rusa en Ucrania, un plan que se prepara en estrecha coordinación con las comunidades autónomas, entidades locales y la "diáspora" de cerca de 120.000 ucranianos que ya residen en España.


"Una de las grandes virtudes de nuestro sistema de acogida es su elasticidad y capacidad para acomodarse a las circunstancias sobrevenidas en cada momento", ha indicado a la prensa en Bruselas el secretario de Estado de Migración, Jesús Perea Cortijo, a su llegada a la reunión de Interior de la UE en donde se examina la posibilidad de activar una protección temporal a los desplazados que les dé libertad de movimiento dentro de la UE y permiso de residencia y de trabajo, entre otros derechos.


Sobre la capacidad de acogida de España en esta crisis, por la que más de 650.000 ucranianos han llegado ya a la frontera con la UE tras una semana de guerra, Perea ha destacado el trabajo en marcha para "evaluar las necesidades" de estas personas a través de un plan de contingencia coordinado entre los ministerios implicados, pero también con comunidades autónomas, entidades locales, la representación diplomática de Ucrania y, como "elemento fundamental", con la "diáspora" de ucranianos instalados ya en España.


Entre 115.000 y 120.000 ucranianos residen en España, muchos de ellos llegados tras la guerra de Crimea en 2014, según datos del Gobierno, que considera esta comunidad "activa y con potentes vínculos" en los municipios en donde se concentra, lo que facilitará la acogida de desplazados que puedan llegar hasta el país.


El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, que junto a Perea asiste a la reunión de ministros de Interior de la UE para debatir sobre la protección temporal de los huidos de la guerra, ha señalado a su llegada que España respalda esta iniciativa, cuyos detalles presentó la Comisión Europea la víspera.


España considera que la comunidad ucraniana en el país puede servir como "base para dar apoyo" a los compatriotas que lleguen al país desplazados por la invasión de Rusia y por tanto "no es el momento" de definir cuotas de acogida por Estados miembros, si bien está abierta a ello "si fuera necesario" más adelante.


La UE diseñó la directiva sobre protección temporal tras la experiencia de la guerra de los Balcanes y las dificultades para recibir a los miles de refugiados que escaparon de la región, por la necesidad de tener un mecanismo que agilizara los trámites de entrada de extracomunitarios en un caso de crisis dándoles una cobertura legal que facilitara su integración.


Sin embargo, este instrumento no se ha llegado a activar nunca, tampoco cuando la guerra de Siria provocó la llegada masiva de demandantes de asilo a Italia y Grecia.


Ahora, Bruselas pide activar la protección durante al menos un año, con la posibilidad de ampliarla hasta un máximo de tres años si la guerra continúa, y que beneficie a todos los residentes en Ucrania, sean nacionales o migrantes con permiso de residencia a largo plazo o estatus de refugiado.


La norma, no obstante, no se aplicaría a los migrantes que se encontraran de manera temporal en Ucrania cuando Rusia inició la invasión, por ejemplo estudiantes o migrantes sin estatus regulado, aunque sí deberán poder llegar a la UE para facilitar un "retorno seguro" desde ahí a sus países de origen.


Para que la norma salga adelante es necesario que se dé una mayoría cualificada de apoyos entre los Veintisiete, que ya han mostrado un apoyo amplio de principio pese a las dudas de algunas delegaciones de que sea el mecanismo más adecuado en este caso.


En este sentido, Pérez Ruiz ha destacado que se trata de ofrecer una "respuesta común solidaria ante una situación excepcional" y por ello España apoyará "por supuesto" su activación. La norma, ha explicado el secretario de Estado, asegurará a los desplazados "todos los derechos que reconoce la legislación española", incluidos los de carácter laboral, asistencial, médico y con garantías de tutela y educación para los menores no acompañados.


Con todo, el debate de este jueves es el primero a nivel de ministros sobre los detalles de la propuesta de Bruselas por lo que no se espera una adopción formal que permita su puesta en marcha inmediata, sino un acuerdo político que dé paso al desarrollo técnico de la misma antes de su aprobación definitiva.


La propuesta del Ejecutivo comunitario incluye la necesidad de un mecanismo de "reparto justo" de la carga de la acogida entre Estados miembro para la sobrecarga de los sistemas de asilo de unos pocos países, pero los Estados miembro no han abierto aún la discusión sobre posibles cables de reparto ni las condiciones de esta solidaridad.


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