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sábado | 20 abril | 2024
El Govern de Pere Aragonès ha acordado hoy "restringir" sus relaciones políticas con el Ejecutivo central "a mínimos" hasta que se esclarezcan las denuncias de espionaje a más de 60 independentistas y se "depuren" responsabilidades, un caso por el que planea emprender "acciones legales" a todos los niveles.
Así lo recoge el acuerdo aprobado este martes por el gobierno de la Generalitat en su reunión ordinaria de este martes, en el que constata que la reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante este "escándalo político" ha sido hasta ahora "del todo insuficiente", lo que "pone gravemente en peligro la confianza" entre gobiernos.
Esto obliga, señala el texto del acuerdo, a "restringir las relaciones políticas a las mínimas que se consideren en cada caso imprescindibles, hasta el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades al nivel que corresponda".
Según ha especificado en rueda de prensa la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, "solo se harán los encuentros imprescindibles, necesarios o convenientes para aclarar los hechos sobre el espionaje, o los inaplazables por intereses del conjunto de catalanes", entre los que no está la mesa de diálogo, que queda "congelada y aparcada".
Del mismo modo, se está a la espera aún de una "conversación directa" entre ambos presidentes, como solicitó Pere Aragonès a Pedro Sánchez hace días; y de la comparecencia del presidente en el Senado, Plaja ha dicho que el Govern "espera que dé explicaciones, que no se esconda y que dé la cara", tras "ocho días" de silencio.
El texto del acuerdo del Govern prevé además impulsar "las acciones legales necesarias, a todos los niveles y en todas las instancias, para aclarar" este caso de "espionaje tecnológico masivo", y ya avanza que solicitará al Consejo de Ministros el "acceso a los contratos de cualquier tipo que se hayan podido firmar entre el CNI o cualquier otra agencia estatal y la empresa NSO Group", creadora del sistema de ciberespionaje Pegasus.
En particular, la Generalitat "denunciará" ante instancias internacionales, europeas, estatales y catalanas competentes la "vulneración de derechos humanos incluidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y en el resto de normas de cabecera del ordenamiento jurídico".
Se encargará además al Gabinete jurídico de la Generalitat la propuesta de actuaciones legales ante instancias policiales y judiciales, para la defensa del Govern y sus servidores públicos, "incluidas las indemnizaciones que se puedan reclamar por daños y perjuicios sufridos, así como la coordinación de todas las actuaciones jurídicas que se lleven a cabo".
Además de ofrecer al resto de afectados el acompañamiento que sea "conveniente o necesario", el Govern pondrá en conocimiento de la Autoridad Catalana de Protección de Datos la existencia de una "brecha de seguridad", para iniciar las "acciones oportunas".
El acuerdo también insta al Gobierno a reformar la Ley de Secretos Oficiales y, concretamente, en lo referido al CNI, a regular su funcionamiento, con mecanismos adicionales de control "experto, independiente e internacional"; y a derogar la ley 14/2019, denominada "decretazo digital".
Y, por último, el Ejecutivo formado por ERC y JxCat expresa el pleno apoyo a la creación de una comisión de investigación en el Congreso y a las que puedan constituirse en la Eurocámara o el Parlamento catalán.
En su comparecencia, Plaja ha advertido al Ejecutivo central de que "no hace falta que malgaste intentos ni recursos en hacer creer que la democracia española respeta los derechos fundamentales. Esto no va de espejismos ni ilusiones ópticas. Hay que asumir responsabilidades, desclasificar y poner remedio y soluciones".
Sobre si esa asunción de responsabilidades debe derivar en dimisiones, la portavoz ha sido tajante: "Los responsables de que esto haya pasado o de que por acción u omisión se haya llevado a cabo, obviamente deben irse. Deben irse".
La portavoz del Govern ha sido preguntada también sobre la información publicada por El País, según la cual el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espió a líderes independentistas de forma "individualizada, no indiscriminada y siempre bajo control judicial", según fuentes próximas al servicio secreto español.
"La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que no había espionaje porque el CNI no espía. Después, fuentes conocedoras reconocen que sí podría haber habido, pero solo un poco, que un juez lo habría autorizado. Entonces, ¿qué? El Estado da por bueno que el fin de intentar acabar con el independentismo justifica todos los medios, también los oscuros", ha afirmado.
Plaja ha recordado que incluso una autorización judicial "debe ir motivada y fundamentada", pero que "en una democracia el 'todo por la patria' no debería ser una justificación suficiente para que un juez autorice vulnerar tantos derechos".
