Un centenar de funcionarios de la administración de Justicia se ha concentrado este martes frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para reclamar al Gobierno “en plenas facultades” que negocie con los sindicatos una salida a los paros que mantienen desde hace más de un mes.
El comité de huelga, formado por CSIF, STAJ, CCOO y UGT, decidió este lunes, “con el respaldo de los trabajadores”, seguir con su parón indefinido para reclamar mejoras salariales y laborales, a pesar del adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 23 de julio, que considera un “aliciente” -más que un impedimento- para “seguir demandando diálogo”.
Así lo ha expresado a la prensa Juan Carlos Ferreiro, portavoz del sindicato mayoritario en la Justicia, CSIF, quien ha recalcado que este nuevo escenario “no significa que se paralice la capacidad de negociación” del Gobierno y ha recordado que en otras ocasiones se han alcanzado acuerdos también a las puertas de elecciones generales.
La última vez que el Ministerio de Justicia llamó a negociar a los funcionarios fue el pasado 24 de abril y, aunque fuentes ministeriales han señalado a EFE que tenían previsto convocar una reunión para esta semana, el giro de los acontecimientos ha cambiado también su “idea” de retomar el diálogo una vez pasados los comicios locales y autonómicos.
La convocatoria electoral de julio supone la disolución de las Cortes Generales, lo que significa que a partir de ahora ya no se puede aprobar ninguna norma con rango de ley y, por tanto, tampoco la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), cuya negociación es una de las reivindicaciones de los huelguistas.
Las mismas fuentes de Justicia aseguran que su intención era dialogar a partir de esta semana unas subidas salariales acordes a las cargas de trabajo establecidas en la LOEO, pero que sin la posibilidad de aprobar esta norma, ahora no tiene “sentido” hacerlo.
Sin embargo, los huelguistas alegan que el Consejo de Ministros sí puede aprobar reales decretos, como de hecho tiene pendiente hacer con la subida salarial de unos 450 euros brutos al mes acordada con jueces y fiscales, y mantienen sus reivindicaciones salariales: entre 350 y 430 euros brutos más al mes.
El delegado de STAJ en Madrid, Francisco López, ha avisado de que los sindicatos mantendrán su llamada a la huelga a los 45.000 funcionarios de la administración de Justicia “hasta el final”.
El comité de huelga ha remitido sendas cartas a Pedro Sánchez y a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para pedirles su intervención en el conflicto ordenando a la titular de Justicia, Pilar Llop, que inicie “de inmediato” las negociaciones.
Los funcionarios iniciaron sus movilizaciones el pasado 17 de abril, primero con paros parciales diarios y con huelgas de 24 horas en días concretos, y desde el pasado lunes con una huelga indefinida. Un conflicto que ha supuesto la suspensión o aplazamiento de más de 700.000 juicios y la paralización de más de 40 millones de actuaciones judiciales, según los últimos datos de los sindicatos.
En paralelo, también están llamados este martes a una huelga general unos quinientos trabajadores del personal laboral de la administración de Justicia para reivindicar unas “condiciones de trabajo dignas” en las comunidades autónomas en las que no están transferidas las competencias de Justicia.
Son psicólogos, trabajadores sociales, educadores forenses, peritos judiciales, traductores-intérpretes, técnicos en anatomía patológica, archiveros, ordenanzas y personal de mantenimiento de Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.
