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jueves | 18 abril | 2024
La comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre la utilización del programa espía Pegasus y software similar acordó este martes el envío de una misión a Madrid, los próximos 20 y 21 de marzo, para recabar más información sobre el uso esta aplicación, que supuestamente pudo afectar a miembros del Gobierno español y a políticos y miembros de la sociedad civil catalana.
La misión, acordada este martes por los coordinadores de los grupos políticos en el Parlamento, tendrá lugar los próximos 20 y 21 de marzo y aún no tiene una agenda definida, aunque estas delegaciones parlamentarias suelen acudir a los países para mantener reuniones con miembros del Gobierno, de la sociedad civil o periodistas, entre otros.
Tampoco se conoce aún la composición de la delegación que viajará a Madrid en marzo, que habitualmente está integrada, como mínimo, por un diputado por partido político hasta un máximo de doce miembros.
De esta comisión forma parte el eurodiputado de JxCat Carles Puigdemont, que no está adscrito a ningún grupo parlamentario europeo. A priori, los miembros no inscritos no acuden a estas misiones pero el presidente y coordinadores de la comisión pueden decidir lo contrario.
Los otros españoles miembros de esta comisión son el socialista Juan Fernando López Aguilar y el popular Juan Ignacio Zoido, ambos exministros con los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, respectivamente.
La comisión parlamentaria ha viajado ya a Israel, Polonia, Grecia y Chipre y tiene ya previsto otro viaje a Hungría en febrero.
El grupo parlamentario en el que está encuadrado Vox, los Conservadores y Reformistas Europeos, impugnó la decisión de los coordinadores y forzó un voto público en comisión, donde finalmente se confirmó el viaje a España.
El grupo decidió tratar de impugnar la decisión al considerar que las competencias de seguridad recaen en cada Estado miembro y que "se trata de una misión forzada, ya que los golpistas fugados van a usar esta investigación para seguir con el circo contra España", según fuentes de Vox.
El resto de grupos no se opusieron al envío de la misión.
El trámite final para que se autorice el viaje corresponde a la Conferencia de Presidentes (con la presidenta de la Eurocámara y los líderes de los grupos políticos) y la Mesa de la institución, que reúne a sus vicepresidentes y cuestores.
Fuentes socialistas, por su parte, explicaron que una vez que esta misión a España obtuvo la mayoría de apoyos se posicionaron a favor de que la misma "se celebre en Madrid, ya que es ahí donde están los interlocutores con el Parlamento Europeo".
No obstante, recordaron que este tipo de misión no debe interferir en los procesos electorales de los Estados miembros, como se recoge en los estatutos de la comisión, y "en el caso de España se celebrarán elecciones locales y autonómicas el 28 de mayo".
Zoido tildó la gestión de este caso por parte del Gobierno español de "muy deficiente" y criticó que no hayan colaborado con la comisión parlamentaria que envía la misión, que redactará también un informe y un proyecto de recomendaciones dirigido, entre otros a España, según un comunicado.
El borrador de recomendaciones, presentado este martes, plantea instar a España a que "aclare totalmente todos los supuestos casos" del uso de este software en el país y que asegure que todas las víctimas tienen acceso a "recursos legales".
El texto, que aún puede ser modificado por enmiendas en las próximas semanas y fue redactado por la liberal neerlandesa Sophie in ‘t Veld, concluye que España fue uno de los países, junto a Hungría, Grecia o Polonia, en los que "se han producido infracciones o mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con el uso y el comercio de programas espía".
El informe señala que el marco regulatorio español sobre espionaje "parece estar en línea con los requisitos" de los tratados y la jurisprudencia, pero advierte de que su implementación en la práctica "suscita preguntas", ya que sus objetivos han sido eurodiputados, abogados, políticos o activistas "cuando no había cargos criminales ni amenazas inminentes y evidentes contra la seguridad nacional".
