10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
El pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite ayer el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno el 14 de octubre contra las resoluciones aprobadas unos días antes por el Parlament catalán en las que se impulsaba el proceso constituyente, entre ellas, la que apoyaba la celebración de un referéndum en 2017 con o sin el aval del Estado.
La admisión a trámite supone la paralización cautelar de las resoluciones aprobadas hasta que el tribunal de garantías se pronuncie sobre el fondo de asuntos. El Ejecutivo cuestionó la legalidad de seis resoluciones aprobadas por la Cámara catalana el 7 de octubre al existir un “incumplimiento” de la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre.
El Gobierno ya solicitó al Tribunal de Garantías la nulidad de otra resolución aprobada por el Parlamento catalán el 27 de julio, la que dio inicio al denominado proceso de “desconexión” de Cataluña con España. De hecho, el TC ya se ha pronunciado al respecto y acordó de forma unánime su nulidad.
Así, el pleno acordó tramitar el incidente y, en concreto, los apartados de los capítulos titulados “Referéndum” y “Proceso Constituyente” que se incluyeron en el Título I sobre “El futuro político de Cataluña” de aquella resolución.
De acuerdo con lo solicitado por el Abogado del Estado, el Pleno ordena notificar personalmente esta resolución a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, al secretario general del Parlamento de Cataluña, así como al presidente Carles Puigdemont y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Se les advierte de su deber de “impedir o paralizar” cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y les apercibe de las “eventuales responsabilidades en las que pudieran incurrir”.
Mientras, los diputados de JxSí y la CUP vetaban que el Parlament presente candidatos a magistrados del Tribunal Constituciona y lo hicieron votando en contra de los dos candidatos que había propuesto el PSC: Xavier Arbós y Félix Vicente Azón.
JxSí y la CUP coincidieron en defender que no pueden proponer magistrados del TC ni avalar los candidatos de otros porque lo consideran un tribunal “deslegitimado”. Ante las críticas de algunos partidos la diputada Anna Gabriel replicó: “Sería del género absurdo votar candidatos a un tribunal que impugnamos en su totalidad”.
