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viernes | 17 mayo | 2024
La reforma impulsada por el Gobierno para transformar el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados y rebajar las penas por malversación salió adelante en el Congreso entre acusaciones de golpismo y con todas las miradas puestas en el Tribunal Constitucional (TC), que finalmente aplazó al lunes su decisión sobre si frena parte de esta ley a petición del PP.
El PP y Ciudadanos, que como Vox intentaron hasta última hora aplazar el pleno, decidieron no votar en señal de protesta. Con 184 votos a favor —de los socios de coalición y sus aliados parlamentarios—, 64 en contra y una abstención, pone rumbo al Senado una proposición de ley en la que, a última hora, PSOE y Podemos incluyeron una reforma para desbloquear la renovación pendiente de cuatro magistrados del Constitucional.
El objetivo del Gobierno es que la ley, que modifica los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del procés y por los que aún debe ser juzgado el expresidente catalán Carles Puigdemont, vea la luz antes de fin de año.
El recurso del PP ante el Constitucional para intentar frenar una reforma de las leyes del Poder Judicial y del propio Constitucional a través de una proposición que se diseñó, en un principio, para derogar la sedición unió a la izquierda, que acusó a los populares de acudir a los tribunales cuando pierden en las urnas.
“Intentaron parar la democracia con tricornios y hoy lo han intentado con togas”, les espetó el portavoz socialista, Felipe Sicilia. “Ya no entran con pistolas, entran con togas”, subrayó desde ERC Gabriel Rufián. “Hoy se ha producido el hecho más grave en términos democráticos después del 23-F”, incluyó Jon Iñarritu (Bildu).
Con discursos muy duros, PP, Vox y Ciudadanos denunciaron por su parte la tramitación exprés de una reforma que afecta a tres leyes orgánicas y está hecha “a medida” de los dirigentes independentistas y acusaron de “cobarde” a Pedro Sánchez por no asistir al Pleno.
“Sigan presentando recursos, que nosotros seguiremos presentando leyes para mejorar la vida de la gente, y para defender los intereses de España en Bruselas, que ahí está el presidente del Gobierno”, respondió Sicilia, quien dedicó su intervención a cargar contra el PP, sin mencionar apenas las reformas en marcha.
“Frente a quienes nos quieren parar, los socialistas vamos a seguir avanzando; nosotros a seguir caminando, o mejor dicho, como decía Alberti, a galopar”, dijo dirigiéndose a la bancada socialista tras el rechazo de algunos barones a la reforma, que rebaja los quince años de cárcel de la antigua sedición a cinco y recorta a cuatro el castigo para la malversación sin ánimo de lucro.
Con la Constitución en la mano, y también con el programa electoral del PSOE, Gamarra repasó los nombres de los políticos catalanes beneficiados por la reforma penal y avisó al Gobierno de que esto “no es más que una nueva estación en la hoja de ruta de los independentistas, que se frotan las manos y aplauden”.
Gamarra, que alertó de que “cientos” de corruptos verán reducidas sus condenas, como está ocurriendo con la ley del sólo sí es sí, advirtió del fin de la igualdad ante la ley de los españoles y llamó al adelanto electoral. “Si tuvieran un poco de vergüenza y fueran valientes podrían de nuevo las urnas y que hablen lo españoles”, espetó.
Frente a esas críticas, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, instó al PP a no dar “lecciones de corrupción” y le acusó de intentar “perforar la democracia con un golpe silencioso” al acudir al Tribunal Constitucional.
Por su parte, el portavoz de ERC reafirmó el compromiso de su partido con la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, consulta que rechaza el Gobierno. “Lo que proponemos es que se vote”, señaló el republicano.
Aunque los diputados de Vox se ausentaron del Pleno, Javier Ortega Smith subió a la tribuna para denunciar lo tachó de “golpe de estado” desde dentro de las instituciones, la “amnistía encubierta de todos los golpistas” y el “inaceptable clima de violencia y amenaza” desde la extrema izquierda contra el Constitucional y el Poder Judicial.
“El Gobierno de España está repitiendo lo que hizo el separatismo en 2017, van a aprobar leyes claramente inconstitucionales”, denunció la líder de Cs, Inés Arrimadas, quien advirtió a los socialistas que, en momentos históricos, hay responsabilidad tanto por acción como por omisión.
En el lado opuesto, el portavoz del PNV, Mikel Legarda, apoyó una iniciativa que —aseguró— rectifica la política de Estado que se siguió en Cataluña y supera “el espúreo bloqueo” del CGPJ por parte el PP: “la convivencia en ocasiones reclama medidas excepciones, y los bloqueos institucionales también”.
Aunque vieron la norma insuficiente, tanto Junts como EH Bildu dieron su voto a favor, al contrario que el PDeCAT, que rechazó la reforma porque el 1-O “no fue delito” y se seguirá persiguiendo penalmente a líderes independentistas catalanes.
La reforma no tuvo tampoco el apoyo de partidos como la CUP, que siempre mantuvo que la iniciativa criminaliza la protesta pacífica, un argumento compartido por el BNG.
Tampoco fue apoyada por Foro Asturias, Coalición Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria, que rechazan derogar la sedición. La única abstención fue la de Compromís. Además, como el Partido Popular y Ciudadanos, Foro Asturias y los exdiputados de UPN no votaron.
