jueves 02.04.2020

Anna Gabriel se suma a la lista de los huidos de la justicia y medita pedir asilo en Suiza

Un día antes de tener que comparecer ante el Tribunal Supremo en Madrid, la dirigente de la CUP Anna Gabriel ha confirmado ayer que no acudirá mañana a declarar como investigada por rebelión y que permanecerá en Suiza, donde medita pedir “asilo político” si España solicita su extradición.

Mas saluda a unos simpatizantes a la entrada del Tribunal Supremo | ballesteros (efe)
Mas saluda a unos simpatizantes a la entrada del Tribunal Supremo | ballesteros (efe)

Un día antes de tener que comparecer ante el Tribunal Supremo en Madrid, la dirigente de la CUP Anna Gabriel ha confirmado ayer que no acudirá mañana a declarar como investigada por rebelión y que permanecerá en Suiza, donde medita pedir “asilo político” si España solicita su extradición.

Paradero desconocido
Después de que en la noche del sábado se desvelara que la exdiputada independentista, cuyo paradero en las últimas semanas se desconocía, se hallaba en tierras helvéticas, ayer se despejó la incógnita de si finalmente acudirá a su cita ante los tribunales.
Siguiendo los pasos del expresident Carles Puigdemont, quien se refugió en Bélgica para “internacionalizar” el proceso independentista, Gabriel huye también ahora de la justicia española, al considerar que en la causa que permanece abierta por el proceso independentista “no existe derecho a un juicio justo”.
Ese es precisamente el argumento que la exdiputada esgrime en el escrito que presentó en el Tribunal Supremo, en el que anuncia que permanecerá en Suiza y no acudirá mañana a declarar a Madrid.

En una entrevista
En dicho documento el abogado de Gabriel y también exdiputado de la CUP Benet Salellas se remite a la entrevista publicada por el periódico suizo Le Temps, donde la investigada anunció en primera instancia su intención de permanecer en Ginebra.
En un texto de apenas dos párrafos, Salellas recuerda que en dicha entrevista la exdiputada argumenta que “no existe derecho a un juicio justo” en la causa abierta por el procés y que “sus derechos fundamentales se verían gravemente comprometidos de aceptar voluntariamente su participación” en ese procedimiento.
La dirigente de la CUP, en otra entrevista a la radiotelevisión pública francófona RTS, explicó además que está dispuesta a pedir asilo político en Suiza si España reclama su extradición.
“Por el momento no he pedido asilo político. Si me quedo aquí, intentaré reanudar la vía académica. Yo era profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona. Intentaré trabajar, intentaré instalarme aquí”, señaló Gabriel.
“Y si no puedo, porque hay una solicitud de extradición, solicitaré el asilo político”, añadió la exparlamentaria, que advirtió de que, en caso de que se pudiera solicitar su extradición, sería “ilegal”, al considerar que es una “persecución política” y Suiza “no acepta la extradición de perseguidos políticos.
En el mismo sentido, en una rueda de prensa en Barcelona a la que ha asistido la plana mayor de la CUP, Salellas afirmó que la decisión de Gabriel fue
tomada “colectivamente” y aseguró que la dirigente “no ha huido”, sino que “ha buscado refugio como tantas otras personas en el planeta debido a una persecución política”, en su caso en lo que definió como “causa general
contra Cataluña”.
Con Gabriel, de los veintiocho investigados en la causa por el proceso independentista ya son seis los huidos de la justicia, aunque a diferencia de la líder anticapitalista, el expresident Puigdemont y cuatro de sus exconsellers eligieron Bélgica.

Un procedimiento distinto
El futuro de Gabriel, por ello, pasa por un procedimiento judicial distinto a esos cinco exdirigentes, ya que, aunque Suiza no es un miembro de la UE, tiene un convenio de extradición con España que ya se aplicó en anteriores ocasiones, en los últimos años sobre todo en casos de terrorismo.
La decisión de la exdiputada de la CUP sitúa ahora al juez Llarena en la tesitura de decidir si ordena su detención y cuándo hacerlo. La Fiscalía va a estudiar si solicita al juez la orden de detención, pero, al tratarse de una extradición, el juez podría activarla con independencia de que lo soliciten las acusaciones.
Llarena se mostró reacio hasta el momento a activar los mecanismos internacionales para conseguir la detención y entrega de los fugados, un paso que, inicialmente, tiene previsto dar cuando dicte auto de procesamiento, previsiblemente en el mes de abril.
En el caso de que el magistrado decidiera cursar una orden internacional de detención y pedir su extradición, la Justicia suiza resolverá en un plazo de varios meses de acuerdo a ese convenio.
En este sentido, la cooperación judicial entre España y Suiza, incluyendo la figura legal de la extradición, se rigen tanto por la Convención Europea de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal (1959), como por la Convención Europea de Extradición (1957), suscrito dentro del Consejo de Europa.

Comentarios