El Consejo Fiscal avisó al Gobierno de Pedro Sánchez de que el anteproyecto de Ley de Información Clasificada, por la que se pretende derogar la antigua ley de secretos oficiales, debe mejorar porque la redacción actual facilita que las policías autonómicas oculten información al Ejecutivo al recibir nuevas competencias para contar con un régimen similar al del propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El órgano consultivo del Ministerio Público aprobó el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en el que se considera “particularmente desmedido” que “se concedan facultades de clasificación” a quienes ocupen Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y las autoridades autonómicas competentes en materia de policía.

El fiscal de Sala Jefe del Supremo Jesús Tirado Estrada –que firma el informe– subraya que dotar a todas estas autoridades de dichas competencias “podría equivaler en la práctica a dotarles de unas posibilidades de actuación en un régimen de secreto similar al de la dirección del CNI”.

El informe explica que la nueva ley de secretos oficiales “posibilita el desajuste de una real incidencia directa en la seguridad y defensa del Estado” y permite “un caudal de confusión y un ingente hermetismo impropio de un sistema como el que se proclama en el artículo 1 de la Constitución, contribuyendo todo ello a dificultar un control judicial efectivo”.

Intereses contrapuestos

En este sentido, el fiscal avisa además de que la previsión respecto de las autoridades autonómicas competentes en materia de policía “suscita dudas añadidas” en el caso de que existan “intereses contrapuestos” o de que “paradójicamente” dichas autoridades autonómicas “manejen información que pueda comprometer la seguridad o la defensa del Estado y para ocultarla sea clasificada”.

El informe desaprueba que un “elevado número” de autoridades adquieran con el anteproyecto “competencia y facultades para excluir del conocimiento público una información”.

El Consejo Fiscal coincide con la conclusión de que con la redacción actual del anteproyecto existe “un intenso peligro” de que, “por la dispersión competencial”, “florezcan divergencias aplicativas y en determinados casos se dé lugar a situaciones de indeterminación, descoordinación, dilución de responsabilidades o incluso a prácticas de ocultación de información entre autoridades allí donde resulte posible”.

Además, avisa de que la regulación vigente sobre autoridades de clasificación “resulta más acorde” con la Constitución “e incluso es preferible a la opción legislativa que concreta el anteproyecto”. Según precisa, el texto ahora impulsado por el Gobierno suscita “problemas” frente a la Carta Magna, porque otorga a las autoridades autonómicas “una materia de competencia exclusiva del Estado”. l