10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
El acceso a la vivienda, especialmente complicado para los jóvenes, por el elevado precio del alquiler y las dificultades para obtener un préstamo hipotecario, es uno de los principales problemas que reflejan las encuestas y uno de los temas protagonista de la campaña electoral.
Mientras las administraciones y los partidos debaten cómo solucionarlo, muchos españoles buscan la manera de acceder a una vivienda digna.
Manuel, de 31 años, trabaja en una empresa tecnológica en Barcelona. Pagaba 800 euros al mes por un piso de tres habitaciones en Sardañola del Vallés, un pueblo a unos 18 kilómetros de la capital catalana, pero según explica a EFE, los arrendatarios le comunicaron que cuando terminara su contrato de alquiler le subirían el precio.
"Tuve que dejar el piso, así que busqué en Barcelona capital, pero eran todos carísimos. En los pueblos de alrededor también me resultó imposible encontrar algo, porque apenas había y, los que estaban disponibles, tenían precios desorbitados", asegura.
Cuenta que, en Barcelona capital, solo encontraba por menos de mil euros bajos sin ventana o viviendas similares. En los pueblos de alrededor vio algunos con dos o tres habitaciones, pero rondaban los 1.000 o 1.200 euros, por lo que le resultaría inviable ahorrar.
De hecho, según la Secretaría de Vivienda de la Generalitat, el precio medio del alquiler se situó en 1.077 euros en Barcelona en el último trimestre de 2022.
"Pagar más de medio sueldo en alquiler es un abuso, así que, como podía teletrabajar, me mudé a casa de mis padres para ahorrar y, en unos años, poder dar una entrada para comprarme una vivienda. Es la única manera", concluye.
Juan, un jienense de 45 años, alquiló en 2005 una casa en uno de los barrios más turísticos de Granada, el Albaicín. Los problemas comenzaron hace unos cinco años, cuando los propietarios le comunicaron que no le renovarían el contrato porque querían alquilar el inmueble como vivienda turística.
"Me dijeron que me fuera de la casa pero, al llevar tantos años, la ley contemplaba que me tenían que renovar el contrato. No me fui y empezaron a presionarme, me enviaron un burofax, después me denunciaron, me llamaban okupa... Pero no lo era porque evidentemente pagaba el alquiler y las facturas", cuenta a EFE.
Cuenta que cada vez hay más reformas para hacer viviendas turísticas. "Hay gente que las alquila a los turistas incluso sin licencia, porque hay mucha demanda", comenta Juan, que en marzo dejó la casa después de haber llegado a un acuerdo con los propietarios y se mudó a un barrio más asequible.
La malagueña Luisa Heredia recibe un ingreso mínimo vital de 870 euros para ella y sus cuatro hijos. Tres son menores de edad y uno de ellos, de ocho años, tiene espina bífida, una enfermedad que afecta a la columna vertebral y puede provocar discapacidades físicas e intelectuales.
Desde hace varios años, ocupa una casa en un barrio de Málaga y el pasado 7 de marzo intentaron desahuciarla. Aunque ese día lograron paralizarlo, en abril empezó una huelga de hambre de diez días para reclamar una vivienda digna para su familia.
Ahora ha conseguido aplazar hasta el 26 de mayo el desalojo de la casa, pero según declara a EFE la representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Mónica Pérez, la respuesta que Luisa ha tenido por parte de las instituciones es, hasta el momento, "prácticamente nula".
El arquitecto David Cárdenas y su mujer compraron en 2017 un local en el que había una tienda de bicis en el céntrico barrio madrileño de Chamberí.
Según comenta a EFE, la normativa en ese momento obligaba a presentar un proyecto en el ayuntamiento con el plano de la futura vivienda y, meses después, un técnico del consistorio visitaba el local para asegurarse de que cumplía los requisitos. Si era así, le concedía la cédula de habitabilidad.
Sin embargo, aclara que actualmente se firma una declaración responsable, en la que el autor del proyecto o el arquitecto certifica que se cumplen las condiciones de habitabilidad, pero nadie del ayuntamiento se asegura de ello.
"No me parece una coincidencia que cuando llegamos al barrio en 2017 hubiera unas cinco viviendas de estas características y ahora se hayan triplicado", destaca el arquitecto, que concluye que no cree que sean espacios habitables "excelentes" y que un buen número de esos locales se han convertido en viviendas turísticas.
Otro factor que encarece el precio de la vivienda en España es que el auge del teletrabajo ha permitido que extranjeros de todo el mundo hayan elegido nuestro país como el lugar desde el que trabajar a distancia.
En Alicante, una ciudad con un clima apacible y bien conectada en avión, hay un buen número de nómadas digitales que viven en un "coliving premium", es decir, un modelo residencial basado en compartir determinados espacios que está especializado en un perfil de lujo.
Bajo la marca "Suiters", este espacio de 49 habitaciones está situado frente al mercado de abastos y ya ha colgado el cartel de completo.
Según detalla a EFE el director de Producto y Experiencia de "Suiters", Carlos Pérez Fur, el usuario medio tiene 36 años, es de procedencia europea -aunque hay algún estadounidense- y en su mayoría son desarrolladores o programadores informáticos, que pagan una mensualidad de entre 850 y 900 mensuales por una habitación de 20 metros cuadrados, con cocina y baño incluido.
