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viernes | 19 abril | 2024
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, confía en poder lograr “un clima de consenso y de generosidad” para abordar la financiación autonómica y que no haya diferencias “significativas” entre ciudadanos para recibir servicios esenciales, vivan donde vivan.
“Que podamos entre todos, crear un clima de diálogo, un clima de consenso y de generosidad, en definitiva, para que ningún ciudadano tenga diferencias significativas a la hora de recibir los servicios públicos esenciales, con independencia de su lugar de residencia”, dijo la ministra.
Montero lo señaló así ayer en el Parlamento de Cantabria, al intervenir en el acto de toma de posesión como presidente de Cantabria del líder del PRC, Miguel Ángel Revilla.
En su discurso, Montero destacó que la historia de las autonomías es “de éxito” y apostó por la coordinación y la colaboración entre el Gobierno central y las comunidades y por un “reparto equitativo” de los recursos para poder atender así a las necesidades.
Abogó por la recuperación de los derechos para los ciudadanos, la revitalización del Estado de Bienestar y el ejercicio de las competencias administrativas “en las mejores condiciones”.
Además, en su intervención, la ministra en funciones reivindicó la necesidad de que la política sirva realmente a los intereses globales de los ciudadanos.
Reforma profunda
El pasado jueves, la agencia de calificación Standard and Poor’s (S&P) destacó que considera que para que la deuda autonómica se reduzca significativamente es necesaria una “reforma profunda” del sistema de financiación autonómica de las comunidades, que la agencia no ve en el horizonte.
En un informe sobre las regiones españolas, S&P destaca que el nivel de deuda de las autonomías se ha venido reduciendo desde el pico alcanzado en 2015, pero que todavía sigue siendo elevado en comparación internacional y que el crecimiento económico por sí solo no servirá para reducirlo de forma significativa.
En su opinión, las condiciones favorables del mercado están ayudando a las autonomías a regresar al mercado para financiarse, como ya han hecho Galicia, Andalucía, Asturias, Baleares y Castilla y León, mientras que Madrid y País Vasco han seguido siendo emisores activos.
No obstante, la agencia no duda de que continuarán recurriendo a los fondos del Gobierno central si lo necesitaran.
Por su parte, el viernes, el consejero de Hacienda de la Generalitat valenciana, Vicent Soler, aseguró que el Gobierno regional es “una piña” en cuanto a la reclamación de la reforma de la financiación justa para la Comunitat Valenciana y anunció que “por su puesto será la reivindicación primera y más contundente al Gobierno y al Parlamento español”.
Soler recordó que la reforma del sistema no depende solo del Gobierno, que no tiene mayoría absoluta, sino del Parlamento, por lo que “hay que ser lo suficientemente seductores ante todos los grupos para decir que esto no puede seguir así”. No obstante, reconoció que “el primero que debe mover ficha es el Gobierno”.
