Las autopistas quebradas revertirán al Estado en enero de 2018 y generarán 34 millones de beneficio

Las nueve autopistas de peaje en quiebra revertirán a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, el 15 de enero de 2018, a excepción de la autopista Madrid-Toledo, según se prevé en el convenio firmado entre el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el presidente de Seittsa, Manuel Niño, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Seittsa asumirá el 100% de las obligaciones de conservación, explotación y licitación de las autopistas, que saldrán a concurso para volver a manos privadas en el último cuatrimestre de 2018. Según el documento, la relicitación de las autopistas por parte de Fomento se hará en ocho concesiones distintas y “no excederá el 31 de diciembre de 2018”.
Con la firma del convenio el pasado 16 de agosto, la empresa pública puede comenzar a elaborar los estudios de viabilidad y demanda pertinentes, así como los pliegos para relicitar los nuevos contratos de gestión de las autopistas. Se prevé que las autopistas generen un beneficio neto de 34,4 millones de euros el próximo año.
Fomento
Por su parte, el Ministerio de Fomento deberá tramitar y aprobar el estudio de viabilidad y los anteproyectos de construcción y explotación, aprobar los pliegos, publicar, adjudicar y formalizar los contratos y aprobar los proyectos que el concesionario presente.
Según explicaron fuentes oficiales de Fomento, el objetivo de completar todo el proceso en el mismo año responde a que, desde que empiecen a revertir las concesiones, el Gobierno deberá computar el gasto automáticamente en el déficit público. De esta manera, el Ejecutivo busca evitar que el déficit de 2018 contabilice únicamente los gastos y no los posteriores ingresos.
Además, esto supondría una garantía de cobro para las concesionarias si se produjese una reversión anticipada de los activos a la Administración.
El valor de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) será el que compute en el déficit y se fijará conforme a la ley. Posteriormente, el concesionario podrá no estar de acuerdo y presentar un recurso para que finalmente sea un juez el que fije la cantidad, pero la RPA oficial inicial dependerá del momento en el que se produzca la reversión.
El Estado deberá sumar a la RPA 550 millones de euros en concepto de préstamos participativos, que se otorgaron para construir estas vías y que serán incobrables tras su liquidación.
Las nueve autopistas que se encuentran en concurso de acreedores cuentan con 700 trabajadores, que mantendrán su empleo. Se trata de las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la autopista eje aeropuerto y la autopista Madrid-Toledo, entre otras.