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miércoles | 24 abril | 2024
El Ejecutivo gallego tiene claro que alegará al estatuto de las industrias electrointensivas que ha puesto sobre la mesa el Estado, dado que entiende que “non establece un marco estable e competitivo” y “pon en situación de risco” tanto el traspaso de la factoría coruñesa de Alcoa como la continuidad de la planta lucense. También el PP nacional y el sindicato Comisiones Obreras mostraron su disconformidad con el documento.
Para el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, la publicación del estatuto de las electrointensivas elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez confirmó “o peor escenario posible”. Desde su punto de vista “non só pone en risco a situación da planta de Alcoa na Coruña”, que se intenta vender de manera conjunta o separada con la fábrica de Avilés, sino que también “extende ese risco á de San Ciprián e ao conxunto de empresas electrointensivas porque non da unha resposta integral”.
El representante del Ejecutivo autonómico anunció que habrá alegaciones antes del día 27, cuando se termina el plazo, y que estas estarán “consensuadas” con las empresas gallegas afectadas que “lamentablemente non recolle” el documento actual. Estas estarán vinculadas a las compensaciones fiscales, las compensaciones por los costes derivados de los peajes de transporte y distribución de las mercancías o la consideración de compañías “hiperelectrointensivas”, entre otras cuestiones.
Como “non establece un marco estable e competitivo que determine un prezo que poña en igualdade de condicións ás empresas españolas coas do resto de Europa coas que temos que competir”, el debate también se trasladará al próximo pleno del Parlamento.
El PPdeG anunció que presentará una iniciativa para que toda la Cámara autonómica “alce la voz” ante este real decreto-ley “que no resuelve nada”. Mientras este paso se anunciaba en Galicia, en Madrid el portavoz adjunto popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, culpó al equipo de Pedro Sánchez de los cierres de las fábricas en el sector criticó su política “irresponsable y sectaria” después de que el pasado martes la dirección de la multinacional estadounidense del aluminio Alcoa alertara de la viabilidad de su planta de aluminio en Lugo.
El político entiende que el plan no es factible, ya que no ha sido aprobado previamente por Bruselas, y que esto implicaría la apertura de un expediente sancionador a España.
Garantizar la competitividad
Por su parte, la Federación de Industria de CCOO incidió en que el borrador que está en período de exposición pública no solo no cumple con las expectativas, sino que deja una serie de “indefiniciones” e “incertidumbres” muy preocupantes.
Estas pueden afectar a los planes de trabajo de los grandes grupos y a operaciones de traspaso de activos como es el caso de Alcoa en A Coruña.
En este contexto, el presidente de la Cámara de Comercio coruñesa, Antonio Couceiro, insistió en que hay que hacer “todos os esforzos dentro da legalidade para permitir a competitividade das empresas”.
Tras saltar a la palestra la amenaza sobre la planta de San Cibrao, el presidente del comité de empresa, Xosé Paleo, reconoció que los trabajadores están “preocupados” por lo que han conocido del estatuto, porque opina que “no llega” para garantizar la viabilidad y el futuro de ese centro de trabajo.
