Martes 11.12.2018

Varios políticos y empresarios coruñeses esperan desde hace años la resolución de sus causas judiciales

La investigación y el expediente disciplinario abiertos a la jueza Pilar de Lara por el alargamiento en el tiempo de las causas que lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo del que es responsable, han reabierto viejas heridas en A Coruña.

El empresario Gerardo Crespo, el año pasado, accediendo a los juzgados | quintana
El empresario Gerardo Crespo, el año pasado, accediendo a los juzgados | quintana

Dada la afección que padecen (y padecieron) algunos políticos de la ciudad por causas que la magistrada mantiene abiertas como la “Picachu”, una pieza separada de la “Operación Pokemon”, surgen preguntas sobre por qué estas se van alargando sin que haya una resolución. Son varios los coruñeses que esperan desde hace años una sentencia para disipar la sombra de la sospecha. En algunos casos se cree que de ser sancionada, la situación podría servir como precedente para exigir el sobreseimiento de asuntos como la propia “Picachu” o la “Operación Zeta”, en la que se imputó, entre otros, al empresario Gerardo Crespo.

Ante las noticias que rodean a la jueza Pilar de Lara, que también instruye la pieza coruñesa de la “Operación Pokemon”, algunos afectados como el exportavoz municipal con el PP, Julio Flores, se mantienen a la espera de que el asunto se cierre de una vez. Apartado de la vida pública en la actualidad, el exconcejal se centra en su faceta profesional. Mientras los años pasan sin cerrar un capítulo que para él comenzó en el año 2012 y que no todavía no tiene final. 

El empresario Gerardo Crespo, que en este caso sigue siendo investigado en la “Operación Zeta”, que no lleva la magistrada de Lugo pero sí tiene paralelismos temporales con los de De Lara, ve positiva la denuncia hacia ella. 

Juicios “paralelos”
Desde su punto de vista puede sentar precedente en otras causas en las que entiende que hay “dilaciones indebidas” como en la suya. Aunque esta semana analizará con su abogado si debe seguir la misma vía que abrió el letrado Xoán Antón Pérez-Lema, debido a los retrasos en una pieza separada de la “Operación Campeón” y que ha llevado a la investigación actual para averiguar por qué se retrasan sine die sus instrucciones –ella alega que por “falta de medios”–, entiende que es bueno que se analicen aquellos casos en los que “pasa el tiempo y no sale nada concreto ni hay más investigación”. 

Después de “siete años” esperando, Crespo desconoce las razones por las que se mantienen abiertas las pesquisas sin que realmente se esté avanzando. “Esta denuncia puede ir en favor de personas afectadas como yo; a las que nos mantienen bajo sospecha” largo tiempo, confía. 

El empresario lamenta que, a pesar de no haber una sentencia en firme en la que se vea acusado de algo en concreto, ya tuvo “un juicio paralelo” y, como otros, fue “condenado de alguna manera”. No solo habla de la visión que puedan tener sus conciudadanos, sino de la repercusión patrimonial (algo por lo que podría pedir una indemnización si finalmente sale absuelto, aunque de momento no se lo plantee) que hizo que se arruinase porque su empresa “quebró y 150 empleados se fueron al paro”. 

Cuenta que hasta el momento no ha podido rehacer su vida porque “trabajaba fundamentalmente con las administraciones públicas y con eso encima no puedes hacer nada”, dadas las dudas. “Yo creo que hay dilaciones indebidas, ni se ha llamado a declarar, ni se avanza, y se están archivando algunas patas de la causa pero tenía que ser mucho más rápido”, afirma. 

Dudas sobre las macrocausas
Respecto a la resolución de la denuncia presentada contra De Lara por unas dilaciones supuestamente “intencionadas” que podría implicar un giro en las macrocausas coruñesas, el abogado Xoán Antón Pérez-Lema espera tener resolución en unos días. 


Sí piensa que puede haber cambios en A Coruña porque “o modelo de macrocausas non vai a ningunha parte” con falta de medios para acelerar los procesos. Por ejemplo, opina que en la “Zeta” hubo mucha “indefinición” de las conductas de los imputados y aboga porque se investigue pero siempre con garantías para los afectados.

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