El año pasado se instalaron en la ciudad 185 ascensores nuevos, según la Consellería de Economía, Emprego e Industria, que engloba la cifra entre los 606 colocados en toda la provincia durante 2017. Por su parte, desde la Xunta dan cuenta de los datos del Registro de Aparato Elevador (RAE), en los que A Coruña tiene una red actual de 9.509 aparatos. Esto supone un 35,50% de todos los que pueblan Galicia, un porcentaje elevado que también se confirma con los últimos en coger altura. De todos los que se pusieron en este último año, los coruñeses representan un 14,14% del conjunto que se implantó en la comunidad.
En concreto, fueron 1.308 los edificios que estrenaron elevador, tanto viejos como nuevos. Hay que tener en cuenta que entre los 185 pocos corresponden a construcciones que se sumaron en 2017 al skyline coruñés ya que apenas hubo nuevas edificaciones a no ser en el Parque Ofimático. Es por esto que la mayor parte se pusieron en marcha en bloques con años, rehabilitados o no.
En este sentido, desde la Aspaym (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas) señalan que hay un gran desconocimiento de la norma que obliga a instalar un ascensor si un solo vecino lo reclama por necesidad.
Aseguran que muchas veces es una cuestión que se debate entre la comunidad. Los propietarios votan y según lo que salga, llevan a cabo la obra o no. No saben que es una obligación y lo que es peor, el propio afectado ignora que tiene este derecho y se resigna. Se adapta como puede a las escaleras o se muda.
En edificios públicos, indican que se cumple en materia de accesibilidad. A no ser por determinados materiales que utilizan en el piso que no son lisos y dificultan la movilidad, la administración tiene sensibilidad para las personas con discapacidades físicas o simplemente mayores, un segmento de la población que engorda con el tiempo.
El colectivo advierte que con todo y eso, A Coruña apenas supera el 20% de accesibilidad y aún así, ocupa la tercera del ránking después de Pontevedra y Lugo. El suspenso viene acusado no tanto por el rebaje de aceras ni por las líneas de autobús, que “prácticamente tienen todas plataforma para personas con movilidad reducida y paradas adaptadas a esta”, sino por los establecimientos que no respetan la ley de barreras, aprobada en 1997.
En general, critican que son “bastante permisivos con las licencias y si un negocio tiene tres escalones y se traspasa, los nuevos encargados utilizan el permiso del anterior”. Ya si uno toma sitio en un local, el tema se complica si tiene que ir al baño. Desde Aspaym señalan que es donde más suspenden los negocios y muchas veces por ignorancia ya que colocan mal las barras para apoyarse o instalan un mueble adaptado pero sin hueco para meter la silla de ruedas. l