Los últimos incumplimientos en el periodo de pago a proveedores impiden al Gobierno local sacar adelante Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) con dinero procedente del superávit del presupuesto del año pasado.
Estar por debajo de 30 días en el último dato conocido de este índice que refleja el tiempo que el Ayuntamiento emplea en hacer frente a los pagos es una de las condiciones que impone el Ministerio de Hacienda. El gobierno de la Marea incumplió los dos últimos ya que en abril se fue a los 42,92 días y en mayo aumentó hasta 54,42.
De esta manera el Gobierno local no podrá plantear estas inversiones hasta que se mantenga por debajo del límite y para ello necesita que se apruebe el pago de una factura irregular de más de 800.000 euros perteneciente a la recogida de basuras.
Este servicio se presta sin contrato desde enero del año pasado y pese a los informes en contra del interventor municipal las facturas se abonaban ya que el alcalde tiene potestad para levantar estos reparos.
Sin embargo, la normativa impidió que el regidor hiciese lo mismo con la factura del pasado mes de diciembre y solo el visto bueno del pleno permitiría su abono. Esto no sucedió ya que el Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra el pasado mes de mayo porque entienden que estos pagos irregulares se han convertido en constantes sin que la Marea ponga una solución y ahora repercute en el periodo de pago a proveedores.

Nuevo contrato
El Partido Socialista se mostró tajante en este asunto y entiende que más de año y medio después es hora de sacar a concurso el nuevo contrato de recogida de basuras.
Esta circunstancia podría provocar que los socialistas retirasen su rechazo y que se pueda abonar esa factura.
Esa es una opción, pero mientras continúa la espera a que se licite este nuevo contrato el Gobierno municipal trabaja en otra vía. Hace unos meses hubo un cambio en el reglamento sobre la supervisión que lleva a cabo el interventor, por quien hasta ahora tenían que pasar los reconocimientos extrajudiciales para que realizase su informe.
Después de esta modificación existen dudas sobre si es necesario que estos reconocimientos sigan pasando por las manos del interventor o del pleno o si pueden ser aprobados directamente por la junta de gobierno local, en la que la Marea es la única que tiene voto.
Por ello el Gobierno municipal elevó el asunto al Consello Consultivo y se encuentra a la espera de una respuesta para actuar en una dirección u otra. Si tiene que esperar a que se reduzca el periodo medio de pago a proveedores es probable que la Marea tenga que esperar a septiembre, como muy pronto, para poder sacar adelante las inversiones financieramente sostenibles.

El contenido
La fecha en la que se podrán aprobar estas inversiones es una de las cuestiones que están todavía encima de la mesa y otra es en qué consistirán las partidas que se propondrán.
La Marea Atlántica ya llevó a cabo contactos con el Partido Socialista acerca de esta parte y en esta ocasión no habrá los problemas que hubo el año pasado cuando el PSOE forzó al Gobierno a destinar la mitad de los nueve millones del superávit a amortizar deuda.
El equipo de gobierno llevó a pleno una propuesta no consensuada con los socialistas y, aunque trataron de enmendarlo a última hora, no sirvió para que hubiese acuerdo. Finalmente, la Marea aceptó las condiciones de la formación socialista y 4,5 millones de euros fueron para reducir deuda.
En esta ocasión no se repetirá el enfrentamiento ya que la Federación Española de Municipios y Provincias, presidida por el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, consiguió que el Gobierno central aceptase que los asuntos a los que se pueden destinar estas inversiones se ampliasen entre los que estarían diversos tipos de equipamientos como espacios públicos, colegios, centros cívicos o áreas deportivas.
De hecho, este aspecto ya fue tratado hace algunos meses por el alcalde, Xulio Ferreiro, y el portavoz del grupo municipal socialista, José Manuel García, durante un encuentro que mantuvieron en María Pita poco después de que se aprobase el presupuesto de este año.
En esa reunión se acordaron unos principios y la Marea remitió a los socialistas un primer documento con partidas y cantidades que en algunos casos probablemente tengan que ser negociadas, pero que en aspectos generales permitirán que haya un acuerdo.
En este documento propuesta se hablaba de destinar alrededor de 12 millones de euros del superávit a dichas inversiones con carácter sostenible, aunque esa cantidad podría sufrir alguna reducción ya que determinadas partes de los fondos podrían haber sido utilizadas desde entonces con el objetivo de cubrir otros gastos corrientes. l