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sábado | 20 abril | 2024
El pleno aprobó cambios en el presupuesto para comenzar con el pago de las sentencias judiciales por las expropiaciones de Elviña aunque el Gobierno local recibió notables críticas por su gestión económica así como por vincular el destino de 6,1 millones de euros a este fin a una decisión que todavía debe tomar el Ministerio de Hacienda.
El Ayuntamiento presentó en el salón de plenos tres modificados de crédito, siendo el dedicado a utilizar el superávit del año pasado a pagar las expropiaciones de Elviña el más cuantioso.
Ciudadanos apoyó la propuesta municipal mientras que el Partido Popular, la Marea y el BNG se abstuvieron ante la posibilidad de que la respuesta del ministerio sea negativa y entonces los 6,1 millones de euros vayan a reducir deuda por la imposibilidad de que sean para Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) por superar los tiempos en el pago a proveedores.
Desconocimiento
El hecho de que el asunto se votase sin conocer con seguridad cuál va a ser el destino de esos fondos fue uno de los aspectos que estas tres formaciones de la oposición achacaron al Gobierno local.
“Es una chapuza aunque el señor Lage (en referencia al portavoz municipal) tiene la capacidad dialéctica de que no se entienda nada. Mezcla el superávit de 2018 con el de 2019, el interventor dice que no está de acuerdo, y nosotros tampoco. No se puede votar de esta manera”, expuso la concejala popular Rosa Gallego, quien lamentó que la consulta al Ministerio de Hacienda no se formulase antes, aunque José Manuel Lage Tuñas respondió que desde el mes de septiembre existen conversaciones aunque la cuestión se plantease a mediados de noviembre.
Por su parte, el viceportavoz de la Marea, Iago Martínez, señaló que se alegrarán si el ministerio da el visto bueno, pero “non podemos alegrarnos de que a banca se leve outros 6 millóns” si no es así y lamentó que no se negociase ninguno de los tres cambios. Hace un año fue esta formación la que llevó al pleno un cambio en las cuentas condicionado y también con el superávit como protagonista. Entonces la duda era si los fondos serían para IFS o para reducir deuda dependiendo del cumplimiento en el pago a proveedores. Al final, un nuevo dato negativo decantó la balanza hacia la segunda.
Mientras, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, defendió la abstención de su grupo escudándose en que no pueden “votar a favor de que eses millóns se destinen á banca por non cumprir co pago a proveedores” y lamentó la fórmula escogida por el Gobierno local. Además, solicitaron un cambio en la ley de estabilidad presupuestaria, algo que también propuso la Marea. Ciudadanos, que fue el único grupo que votó a favor, criticó los intereses que se han creado en este proceso.
El portavoz municipal, Lage Tuñas, fue el encargado de defender la actuación municipal y las acusaciones a los socialistas de responsabilidad por estas sentencias al proceder de mandatos pasados del PSOE. “Temos que afrontar o tempo que nos tocou”, dijo además de defender el legado socialista. El concejal de Hacienda explicó la situación con el ministerio y expuso que una respuesta positiva tendría un doble beneficio: “Se podemos usar o superávit de 2019 para sentenzas en 2020 resolveremos dunha tacada dous problemas, non facer o de pagarlle ós bancos e o que afectaría gravemente ós investimentos”. Por el contrario, adelantó que una respuesta negativa provocaría una “situación preocupante” para el Ayuntamiento en los próximos años.
Además, también hubo coincidencia de la oposición a la hora de criticar los incumplimientos reiterados en el pago a proveedores, algo que Lage Tuñas justificó con la investigación acerca del sobrecoste en la obra de la cubierta de Riazor.
Otros modificados
El M7, de 453.265 euros, también destinado a pagar las sentencias de Elviña, pero en esta caso con remanente de tesorería por lo que no está sujeto a la decisión de Hacienda, contó con unanimidad.
Finalmente, 6.250 euros se destinarán a la gestión de los centros de día de Eirís y Monte Alto, y 13.750 se repartirán a partes iguales entre las entidades sociales Padre Rubinos, Renacer y Viraventos tras un acuerdo de los grupos municipales.
