miércoles 28/10/20

Lema elude responsabilidades por la compra de los pisos a un afín a la Marea

El concejal Alberto Lema eludió cualquier responsabilidad por la compra a un afín a la Marea de dos pisos que incumplían las bases del programa al no tener la superficie útil mínima exigida y uno de ellos figurar como local comercial. Así, indicó que firmó las escrituras

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Rosa Gallego es la portavoz del grupo municipal popular y presidenta de la Comisión de Transparencia | patricia g. fraga

El concejal Alberto Lema eludió cualquier responsabilidad por la compra a un afín a la Marea de dos pisos que incumplían las bases del programa al no tener la superficie útil mínima exigida y uno de ellos figurar como local comercial. Así, indicó que firmó las escrituras y autorizó las operaciones siguiendo la resolución emitida por la comisión de valoración.
El edil se sometió ayer a las preguntas de la oposición en la Comisión de Transparencia, en la que se limitó a repetir que había suscrito el informe emitido por los funcionarios.
“Dejó muy claro que los únicos que ponen en cuestión el trabajo de los funcionarios son ellos”, dijo Rosa Gallego en referencia al Gobierno local. “Ninguno de los tres grupos municipales mencionó a la comisión de valoración, estamos en una fase posterior”, añadió la portavoz del grupo municipal popular, quien recalcó que Lema es el “responsable de la adjudicación de las seis viviendas que el Ayuntamiento compró para fines sociales”.
Según Gallego, Alberto Lema reconoció durante la reunión que mantuvo el órgano que había leído las bases del programa de adquisición de vivienda y que conocía previamente al vendedor, un firmante del manifiesto de la Marea, una situación que en palabras de la portavoz del PP “coarta el principio de libre competencia”.

Detalles
El concejal de Economía Social y Empleo y responsable del área de Contratación fue el encargado de firmar las escrituras de compraventa. “El notario no te lee toda la escritura, pero siempre lee si es una vivienda o un local comercial y con tantos metros”, explicó Rosa Gallego basándose en su experiencia pasada en el área de Vivienda y que le presentó casos similares.
La portavoz de la formación popular descargó de cualquier responsabilidad a los funcionarios que se encargaron del expediente de este programa. “La comisión se pudo equivocar, es un expediente muy voluminoso cuya parte administrativa la vieron los funcionarios y pudo haber errores, es humano”, indicó.
También explicó que ahora se está en un momento diferente del proceso y por ello entiende que la rectificación por la compra de estos dos pisos que no cumplían con alguna de las bases del programa “no le toca a la comisión, le toca al Gobierno municipal, a Alberto Lema”, a quien solicita que lleve a cabo una revisión de oficio a través del Consello Consultivo.
Las críticas de Rosa Gallego no se quedaron ahí, ya que acusó al Gobierno local de haber “agravado el problema” por no respetar el plazo para presentar recursos. Así, explicó que el concejal de Regeneración Urbana y encargado del proceso, Xiao Varela, firmó el pasado 12 de diciembre la resolución de compra “de seis inmuebles”, especificó, ya que hasta ese momento siempre se había hablado de viviendas.
Gallego explicó que  el 26 de diciembre Alberto Lema firmó la resolución de adjudicación y dos días después las escrituras de compraventa, momento en el que aseguró que se le preguntó “que por qué tanta prisa”.
“Las bases dicen que una vez dictada la resolución se notificará”, relató la portavoz del PP, quien señaló que esto se hace para que el interesado tenga constancia de que le van a comprar el piso y a partir de ahí se “da un mes para que los posibles interesados puedan proponer recurso de casación e incluso cabría el contencioso”, afirmó. 
“Errores puede haber hasta que se resuelve e irregularidades desde que se firma la escritura”, detalló Gallego, quien defendió que si se hubiese respetado este plazo “no habría consecuencias perjudiciales para nadie” ya que no se habrían pagado los pisos pero considera que  “ahora hay que anular estas compras porque vulneran las bases”.
“Ahora tenemos un local comercial de 47,2 metros cuadrados y una vivienda de 49,55 que incumplen las bases y limitan el principio de libre competencia”, sentenció Rosa Gallego. l

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