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sábado | 20 abril | 2024
Sin sorpresas de última hora, las partes implicadas en el procedimiento judicial derivado de la caída de la grúa que en noviembre de 2002 mató a dos ancianas al desplomarse sobre el edificio de la calle Real en el que residían llegaron ayer a un acuerdo con la Fiscalía que, con condenas de seis meses de prisión para seis de los acusados, cierra la parte penal del proceso.
Se trata del administrador, el coordinador y el perito de la empresa propietaria del aparato, Talleres Hércules, y del montador jefe, el gruísta y un responsable de la inspección técnica que había pasado un mes antes del accidente. Todos ellos han sido culpados de dos delitos de homicidio por imprudencia, por los que la Fiscalía solicitaba penas de hasta 31 meses. Los más de nueve años que se ha prolongado el proceso han servido a los abogados de las defensas, entre los que se contaban Alejandro González y Celia Deus, entre otros, para lograr una notable rebaja de la condena.
Acusaciones y defensas formalizaron un pacto alcanzado hace un año, y
que exime a dos procesados
El pacto, que ayer se formalizó ante el titular del juzgado de penal 2, es el mismo que ya habían alcanzado acusaciones y defensas hace justo un año, y que nuncia cobró vigencia, al cambiar el magistrado del órgano que debía enjuiciar los hechos. Por él quedan eximidos de responsabilidad otros dos hombres que habían sido procesados, dos montadores de la grúa, de acuerdo con una petición de la Fiscalía.
Al resto de ellos se les culpa además de un delito de daños, por los cuantiosos desperfectos que el derrumbe provocó, tanto en el edificio número 3 de la calle Real como en los adyacentes, incluido el del teatro Rosalía.
La determinación exacta de los daños y las consiguientes indemnizaciones a pagar por las aseguradoras todavía no ha quedado fijada y, a ese fin, las partes comparecerán hoy y mañana en la Audiencia coruñesa para tratar de alcanzar un nuevo acuerdo que cierre también la vía civil. Aunque es un juzgado de penal el encargado del enjuiciamiento, el importante número de acusaciones y defensas ha motivado que las sesiones del juicio se trasladen a la sala de vistas donde usualmente se desarrollan los juicios con jurado, en la Audiencia.
Un millón > La intención, según avanzaba hace pocos días el abogado Antonio Astray Chacón –que representa a una parte importante de los damnificados–, es también acordar las cifras a abonar por los desperfectos, y que son del orden del millón de euros. Entre los afectados se cuentan los residentes en los números 1,3,4 y 5 de la calle real y el número 13 de la avenida de La Marina, además de los propietarios de una farmacia, una peluquería, dos estudios, un puesto de venta ambulante y un quiosco de Riego de Agua y Agar, y el propio Ayuntamiento, como titular del edificio del Rosalía.
A todos ellos afectó la caída del aparato que, según se recogía en las conclusiones del Ministerio Público que ayer quedaron validadas, fue causada por los fuertes vientos de aquella jornada y por una serie de deficiencias en el estado de la grúa y su colocación.
Las vibraciones provocadas por las rachas de viento hicieron que se desplazaran los raíles sobre los que se sustentaba la estructura, al no estar debidamente asegurados. Como consecuencia, la pluma cayó sobre el Rosalía y la contrapluma encima del número 3 de la calle Real; las dos últimas plantas quedaron derribadas por el contrapeso, que se introdujo en el edificio hasta encajarse en una fachada del callejón de la Estacada.
