A Coruña encabeza la lista gallega de prevaricación en contratos públicos

Como señaló el mes pasado el fiscal superior de Galicia, Fernando Suances, los delitos de corrupción crecieron mucho en Galicia durante el pasado año en la comunidad autónoma. Pero no lo hicieron en todas las provincias por igual, y la de A Coruña se encuentra a la cabeza de las prevaricaciones administrativas que han sido objeto de procedimiento judicial: 44, según la Fiscalía. Es uno de los delitos de corrupción más comunes, y afecta sobre todo a los contratos públicos otorgados de forma sospechosa, lesiva para el interés público.
Pontevedra sigue de cerca a la provincial herculina, pero tanto Lugo, con 26, como Ourense, con 32, van muy a la zaga. En total durante el año pasado se incoaron (pasaron a procedimiento judicial) un 35% más que en el año anterior. Y muchos de ellos salpican a municipios herculinos. “Suelen ser administraciones locales porque son las más próximos a la ciudadanía. La administración autonómica también realiza contrataciones, por puesto, pero a un nivel más selectivo”, explican fuentes judiciales. 
Según la ley de contratación, existe un procedimiento reglado que incluye requisitos de publicidad al contrato de una obra pública, de manera que cualquiera pueda presentarse a ella. “Pero solo para los contratos de cierta importancia, así que uno de los trucos más usados es fraccionar un solo contrato en varios más pequeños, que se pueden adjudicar a dedo”, explican estas mismas fuentes. 
En otras ocasiones, se trata de un procedimiento negociado, en el que la administración local invita a unas pocas empresas, que cumplen los requisitos necesarios, a presentarse al concurso público. Pero en algunas ocasiones, estas empresas pactan por adelantado quién se quedara con el contrato. 

compensación
Todos estos sistemas, y algunos más, son los que puede llevar a cabo un funcionario público para conseguir que una empresa de su elección se haga con el contrato. “Se supone que a cambio de una compensación”, explican fuentes judiciales. Porque al funcionario, si es condenado por actuar arbitrariamente, puede enfrentarse a una pena de cárcel de hasta cuatro a años y hasta a diez años de inhabilitación, sin contar la multa. Por su parte, el que le soborna comete un delito de cohecho o de prevaricación, de los que en la provincia herculina se incoaron 14 el año pasado.
En buena lógica, debería haber tantos como de prevaricación administrativa, pero explican en la Audiencia Provincial que esa clase de delitos son mucho más difíciles de probar, mientras que los investigadores siempre pueden basarse en los procedimientos administrativos y en la documentación para encontrar pruebas contra el funcionario. “Es, por así decirlo, el delito base”, añaden. 
Tanto jueces como fiscales son  conscientes del alto grado de preocupación que generan en la ciudadanía los casos de corrupción, que en las encuestas figura en los primeros puestos, junto con el paro. Las noticias sobre grandes tramas como la Gürtel o en Galicia, el caso Campeón o la Pokemon, han salpicado la actualidad de titulares que dejan al descubierto complicadas conexiones. “Pero la mayor parte de los casos que encontramos son aislados. Las tramas como las que se conocen son casos excepcionales”, aseguran desde la Audiencia Provincial.