El Gobierno local recurrirá al Tribunal Constitucional con el objetivo de agotar las posibilidades para tratar de evitar el derribo del edificio Conde de Fenosa. Este será el nuevo paso después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) negase el incidente de nulidad presentado desde María Pita.
La Administración entiende que está justificado un recurso de amparo después de que uno de los cuatro magistrados que analizaron la propuesta municipal emitiese un voto particular.
Según explicó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, este voto particular “abre unha nova vía que refrenda a tese municipal” que sirve para argumentar ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno local considera que este voto particular vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución.
En este voto particular en el último auto del TSXG, el magistrado considera que el tribunal debió estimar el incidente de nulidad presentado por el Ayuntamiento “coa declaración de nulidade dos autos e retroacción das actuacións”.
Así, entiende que la sala incurrió en un “defecto de xurisdición, ao non dar resposta á pretensión de imposibilidade legal articulada pola administración local nin o seu reverso, articulado pola executante”.
Por su parte, el Gobierno local defiende que el hecho de que el TSXG se pronunciase sin entrar en el fondo de la cuestión, genera una “indefensión, xa que se produce unha anulación tácita dun acordo de xunta de goberno sen pronunciamento explícito sobre os motivos, remitíndose únicamente a unha resolución do Tribunal Supremo”, señaló Xulio Ferreiro.
“O problema é que non temos ningún pronunciamento sobre se ese acordo é ou non correcto, e debemos esgotar as vías para obter un pronunciamento de fondo sobre ese acordo, para poder actuar con seguridade”, añadió el regidor.
El incidente de nulidad propuesto por el Ayuntamiento fue rechazado, misma suerte que corrió la propuesta de demolición parcial y que afectaría solo a algunas partes del edificio Conde de Fenosa para adaptarlo a la legalidad.

1997
Frente a estos intereses municipales, la sentencia del Tribunal Supremo y corroborada por el Superior, obligaría a devolver el inmueble a su estado original, eliminando todas las actuaciones que tuvieron lugar después del año 1997.
Esta decisión es la que tratan de evitar tanto el Gobierno municipal como la comunidad de propietarios, aunque las sentencias judiciales emitidas hasta el momento se encaminan en esta dirección, a falta de conocer el resultado del recurso de amparo que desde María Pita se pretende presentar ante el Tribunal Constitucional. Si este estamento también tumba la propuesta, no quedarían más opciones que acatar la sentencia.

Coste
En caso de tener que acatar la sentencia y que el edificio se tenga que devolver a su estado de 1997, o que se acepte una demolición parcial, el Gobierno local asegura que todavía no dispone de una cuantificación de cuánto costaría a las arcas municipales el asunto.
Xulio Ferreiro explicó ayer que esto se conocerá una vez que haya una decisión definitiva. Entre otros aspectos, el regidor señaló que es necesaria la elaboración de un proyecto para cumplir con la sentencia, y que será entonces cuando quede definido cuál será el coste. l