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jueves | 25 abril | 2024
Para haber llegado a mitad del 2019, el Gobierno de Inés Rey ha destacado por una intensa actividad en el control del ocio nocturno, espoleado por las críticas de los vecinos agrupados en la asociación Ensenada del Orzán. Aunque tanta actividad no ha servido para acallar las críticas vecinales, se ha traducido en el cierre provisional de 25 de estos locales. Es verdad que el cese solo dura mientras el dueño del local resuelve el expediente de reposición de la legalidad. Es decir, hasta que ha solventado todas las deficiencias descubiertas por los funcionarios municipales.
De estas órdenes provisionales de cese, 16 lo fueron de toda la actividad. El resto solo afectaba a una parte del local, como el uso de la campana extractora, los sistemas de aire acondicionado, o la retirada de aparatos de reproducción sonora que muchas veces se instalan ilegalmente, puesto que los establecimientos con licencia de cafetería no pueden tenerlos. Esto afecta especialmente a los denominados afterhours. Es decir, aquellos local que abren de madrugada para recoger a los noctámbulos y que funcionan habitualmente bajo licencia de cafetería.
Solo seis expedientes finalizaron con una orden de cierre del local, de estos: tres fueron por no haber acreditado la subsanación de deficiencias por ruidos molestos comprobados tras medición de la Policía Local, lo que provocó que desde el Ayuntamiento adoptase esa medida. En uno de los casos, por el ejercicio de la actividad por persona distinta a su titular y que no llegaron a subsanar la deficiencia.
Esto es algo habitual, según cuentas fuentes policiales: cambiar la persona que está al frente del local, por lo menos legalmente, para tratar de demorar los trámites, puesto que tienen que comenzar de nuevo cada vez que hay un titular nuevo. En otro caso, se cerró el local porque se abría sin titulo, después de que este fuera retirado
Gran parte de la labor policial está impulsada por los vecinos, que llaman constantemente a los agentes municipales para pedir mediciones con sonógrafos con el objetivo de acumular sanciones que cierren el local.
De hecho, en 2017 y 2018 la fuerte presión que mantuvieron contribuyó a cerrar una docena de locales. .Anteriormente, la mayor parte de estas sanciones no llegaban a tramitarse debido a que tenían que pasar por el área de Urbanismo, una de las más sobrecargadas de trabajo del Gobierno local, de manera que expiraba el plazo de un año y el efecto sancionador se perdía. Pero el Ayuntamiento solucionó el problema decidiendo que los trámites los realicen los mismos que llevan a cabo la sanción: los agentes municipales.
Este incremento de las sanciones ha tenido su respuesta por parte de los hosteleros, que han formado una asociación llamada Entreplazas con el objetivo de defender sus derechos y mejorar su imagen. Los hosteleros quieren hacer valer su papel en la ciudad, que va mucho más allá de ser el epicentro de borracheras nocturnas. Recuerdan la decadencia que ha sufrido durante años el centro de A Coruña, y que aún puede apreciarse en el gran número de edificios ruinosos que jalonan la calle del Orzán. La hostelería volvió a traer actividad y animación a una zona que en las últimas décadas se había afincado en la marginalidad pero el problema es que muchos de los vecinos prefieren la tranquilidad.
