sábado 06.06.2020

Las ayudas de la Xunta al alquiler y las hipotecas evitaron 149 desahucios desde 2017

El programa “Reconduce” presta atención social y psicológica que se une al apoyo económico
Stop Desahucios realiza campañas informativas y de denuncia | quintana
Stop Desahucios realiza campañas informativas y de denuncia | quintana

Las ayudas de la Xunta al alquiler y las hipotecas por medio del programa “Reconduce”, dirigido a personas en situación de riesgo, evitaron 149 desahucios en la ciudad en los últimos tres años.

La mayor parte de los casos estuvieron relacionados con alquileres cuyos inquilinos tenían dificultades para afrontar por diversos motivos como la pérdida del empleo.

En 2017 hubo 7 de estos casos y al año siguiente aumentaron hasta 37, cifra que casi se duplicó en 2019, cuando fueron 73. En total, 117 alquileres en los que los inquilinos se vieron en riesgo de ser desahuciados y a quienes la asistencia de este programa sirvió para mejorar su situación.

El nivel de ocasiones que se aplicó este programa en relación con problemas con el pago de hipotecas en la ciudad fue de 32 durante los tres últimos años.

Como sucede en el caso de los alquileres, las intervenciones del programa “Reconduce” en relación con hipotecas también se han visto incrementadas con el paso de los años.

Este programa pertenece a la Consellería de Política Social y está financiado con la ayuda del Fondo Social Europeo. Entre los servicios que presta figuran el asesoramiento jurídico y económico. Así, se media con las entidades financieras y se elaboran informes patrimoniales y estudios de viabilidad.

Otras de sus líneas de actuación son la atención social y el apoyo psicológico por las implicaciones que tienen las situaciones de desahucio para las personas afectadas. Además, en caso necesario, se da asesoramiento y apoyo en la búsqueda de una vivienda alternativa.

Este programa está abierto a aquellas personas que se encuentren en riesgo de poder sufrir un desahucio, cuya vivienda afectada sea la habitual y única que posea o tenga alquilada la unidad de convivencia, y que el titular del domicilio o del contrato de arrendamiento esté empadronado en algún municipio de la comunidad autónoma gallega.

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