La Autonómica paliará la creciente demanda de protección a maltratadas

La Policía Autonómica acaba de dar un nuevo paso para asumir sus funciones de protección de las víctimas de Violencia de Género al acceder plenamente al sistema Viogén, la base de datos del Ministerio del Interior de mujeres que se encuentran bajo protección. En ella figuran la identidad, tanto de las víctimas de este tipo de agresiones como la de los autores de las mismas, además de resoluciones y medidas judiciales adoptadas en cada caso. A partir de ahora, los casos de mujeres amenazadas de irán derivando a la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección contra la Violencia de Género (UPAP) del cuerpo autonómico, hasta alcanzar el 25% de los casos de la ciudad.
Hasta hora, los policías de la UPAP de la Unidad Adscrita a la Xunta (el nombre oficial de la Policía Autonómica) podían acceder a esos datos para consultarlos, pero no podían introducir otros nuevos. Pero a día de hoy ya tienen un acceso pleno, como parte del protocolo operativo para la coordinación y cooperación entre la Autonómica y la Policía Nacional en materia de violencia de género. Dicho protocolo se firmó a finales de julio, y se está implantado de manera gradual. 

tendencia continua
La Autonómica contribuye así a satisfacer la creciente demanda de protección de las mujeres víctima de la violencia de género. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, en los últimos dos años, se incrementaron un 58% de 2013 a 2015 en el partido judicial de A Coruña, lo que supone un incremento bastante destacado. En lo que va de año, se ha seguido la misma tendencia, que comenzó a cambiar a raíz de las reformas legislativas para mejorar la protección a la mujer.
 En este partido judicial, los jueces aprobaron solo en el primer trimestre de este año 44 órdenes de protección (fueron denegadas 24), lo que supone más del 50% de las que se aprobaron durante todo el año pasado. Por otro lado, en 2015, en el partido judicial coruñés se firmaron más órdenes de protección que en ningún otro de Galicia, con excepción del partido judicial de Vigo, en el que se expidieron el doble.
A pesar de este incremento, lo cierto es que  solo la mitad de las solicitudes de protección fueron atendidas. Del resto, los jueces consideraron que no existen indicios que hagan pensar que la víctima corre un peligro tan grande como para necesitarlo. De hecho, el año pasado, el número de solicitudes de protección rechazadas por los juzgados superó esa media, de manera que las aprobadas fueron 85, y las rechazadas, 90, muchas más que las de 2014, que fueron 74 aprobadas y 58 rechazadas.
Desde la Autonómica esperan que se vaya incrementado el número de casos bajo su responsabilidad, a medida que vayan entrando en el sistema. Es decir, casos nuevos, alcanzar el cupo de 25% que prevé el convenio firmado entre los dos cuerpos  que ahora hacen un esfuerzo conjunto para mejorar la seguridad de las víctimas.