La concesionaria del complejo deportivo municipal de Sabón (Arteixo), Aquafit, ha iniciado un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento tras negarse a pagarle 426.000 euros por una bajada de ingresos en 2020, cuando por la pandemia fue necesario clausurar las instalaciones. El municipio ya había rechazado por vía administrativa tanto esa petición como la que reclamaba 632.000 euros por un supuesto lucro cesante en las pistas de pádel y tenis, pero sí había aceptado compensar a la empresa con 140.000 euros.
Desde Arteixo consideran que estas reclamaciones “no proceden” porque están “fundamentadas en el estado de alarma que no provocó el cierre de las instalaciones”. Además, el Ejecutivo de Carlos Calvelo manifiesta que dichas peticiones “se han formulado por la empresa prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello”.
El Gobierno local tomó estos acuerdos en la comisión de asuntos del pleno el pasado septiembre y el Consello Consultivo de Galicia avaló poco después su decisión de no abonar estas cantidades. Las reclamaciones de Aquafit buscan un “equilibrio económico” en la gestión de las instalaciones deportivas de Sabón durante el año 2020, cuando estalló la pandemia y se cerraron todos los recintos.
Otra cantidad
El Ayuntamiento había aceptado en el 2021 otra reclamación diferente de Aquafit Gestión por el cierre del edificio debido al covid-19 y había compensado a la empresa con 140.000 euros –había reclamado en ese momento 210.000 euros–, pero se niega de forma rotunda a asumir estas nuevas cantidades. Estos 140.000 euros se correspondían, indica el Ejecutivo arteixano, con 92.000 euros que los técnicos municipales calcularon que tenía derecho a percibir y la bonificación de cuatro años del canon que le paga al municipio, y que asciende a 12.000 euros anuales.
La empresa concesionaria, explican fuentes cercanas, se ve amparada por la cláusula 17 “Modificación del Contrato y Mantenimiento del equilibrio económico”, que señala que la administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos considerados como básicos en la adjudicación.
