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viernes | 19 abril | 2024
El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ha ampliado el plazo hasta el año 2038 para que el Ayuntamiento de Miño le abone casi 13 millones de euros de un préstamo concedido para hacer frente a las indemnizaciones de los más de 400 propietarios de fincas afectados por las expropiaciones de la urbanización Costa Miño Golf de Fadesa.
El anuncio lo realizaron de manera conjunta el alcalde miñense, Manuel Vázquez Faraldo, y el portavoz del PSOE en la Diputación, Bernardo Fernández, que comparecieron para afirmar que, de esta forma, el ayuntamiento más endeudado de la provincia dispondrá de diez años más para afrontar la deuda con el Gobierno central.
Acuerdo
El mandatario local recordó que el pasado mes de septiembre el Gobierno local y los afectados alcanzaron un acuerdo a través del cual estos últimos recibían sus respectivas indemnizaciones, al tiempo que renunciaban a percibir parte de los intereses.
“Así rebajamos la carga que soportaban los vecinos por culpa de la negligente gestión de los anteriores gobiernos locales del Partido Popular”, dijo Vázquez Faraldo, al tiempo que indicaba que hasta la fecha se han abonado 1,7 millones de la deuda.
El Gobierno local agradece a los expropiados que estén dispuestos a renunciar a parte
de los intereses
Explicó, además, que el acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez incluye también un período de carencia de tres años, derivado del visto bueno a los planes de ajuste presentados por Miño, con lo que no habrá que hacer frente a pagos hasta el año 2022. A partir de ahí se deberán abonar 700.000 euros anualmente hasta 2038.
Nuevo crédito
El regidor indicó que también se ha solicitado al Ministerio de Haciendo otro crédito de siete millones de euros, la cantidad de intereses que se deben a los expropiados.
Según él, si se consigue abonar antes del primer semestre de 2020, los afectados renunciarán a cobrar un montante de 250.000 euros.
Vázquez Faraldo agradeció las gestiones del Ministerio de Hacienda, de la Diputación y también la buena disposición de la Xunta, pues están intentando que esta “permita que la Diputación pueda poner el dinero de las cuotas de amortización de los siete millones” que necesita la autorización del Gobierno autonómico.
Por su parte, Bernardo Fernández recordó que el Plan Único de la Diputación para 2020 permite usar el total de los fondos que recibe un ayuntamiento a mitigar deudas, por lo que Miño podría ayudarse de esta partida.
