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jueves | 18 abril | 2024
Ana Pontón advirtió ayer en la Cámara gallega a los diputados del PPdeG que prevaricarán si aprueban la ley de acompañamiento, al recoger la modificación que la Xunta pretende introducir en el contrato de adjudicación de la autovía de la Costa da Morte, con un sobrecoste de 150 millones de euros.
La advertencia de la diputada nacionalista se produjo en el debate de una proposición no de ley en la que la oposición coincidió en rechazar el modelo “público-privado” de la Xunta, y apostó por un modelo público para la construcción y gestión de las infraestructuras viarias.
Pontón resaltó que en ningún momento se justifica que la modificación tiene por objeto salvaguardar el interés general, sino que se pretende tan solo para garantizar la viabilidad financiera de la compañía adjudicataria de las obras y señaló que los propios servicios jurídicos de la Cámara cuestionaron el procedimiento, que calificó de “fraude de ley”.
El portavoz del PP Alejandro Gómez Alonso defendió que toda la actuación del Ejecutivo se está realizando de acuerdo con la legalidad vigente y subrayó que la modificación no se lleva a cabo por la conveniencia de la empresa, sino por la menor disponibilidad de recursos de la administración.
En relación a Copasa, que la oposición vinculó a la financiación irregular del PP a través de la trama Gürtel, recordó que el Gobierno bipartito firmó con ella 35 contratos por 453 millones de euros, mientras que el actual Ejecutivo, en un período mayor, acordó 41 contratos por 372 millones y se preguntó por qué los primeros contratos no son “sospechosos” y los segundos sí.
El socialista Raúl Fernández enmarcó este caso en el modelo del PP de “privatizar” todo tipo de infraestructuras, como hace también -denunció- en el caso de las sanitarias.
Sobre las infraestructuras viarias, objeto de la proposición, explicó que las vías para favorecer a las empresas en detrimento de las arcas públicas son la privatización de la gestión, la subida del canon (Salnés y Barbanza) y la reformulación de los contratos (Costa da Morte). Juan Manuel Fajardo, de AGE, insistió en que la fórmula de colaboración público-privada es una “privatización”, que aumenta de forma desproporcionada los costes y condiciona a Gobiernos futuros, ya que, cuando él fallezca -puso como ejemplo-, aún estarán en vigor las concesiones.
También Consuelo Martínez, del grupo mixto, insistió en que el coste para el erario público de la autovía de la Costa da Morte pasará de 208 a 745 millones, por el modelo elegido por la administración gallega.
