El Alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y la Alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, mantuvieron este lunes un encuentro en el Concello de Cambre para abordar diversos asuntos de interés común, con especial atención a la urbanización de la N-VI, un proyecto situado en terrenos de Cambre pero que limita con el municipio de Oleiros. La reunión cobró especial relevancia tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS), que reconoce a Oleiros legitimidad para recurrir la modificación urbanística que afecta a la zona comprendida entre las casas Bailly y Villa Concepción.
Este fallo judicial implica que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) deberá pronunciarse sobre el fondo de las reclamaciones presentadas por el Concello de Oleiros.
Ambos mandatarios coincidieron en que, ante la nueva situación legal, es necesario actuar con prudencia y coordinación.
No obstante, antes de que el TSXG emita su resolución, el Concello de Cambre tiene pendiente resolver las alegaciones presentadas que afectan al proyecto. García Seoane y Piñeiro subrayaron su compromiso con el diálogo y la búsqueda de soluciones que beneficien tanto a los vecinos de Cambre, donde se ubican los terrenos, como a los de Oleiros, cuyos límites colindantes podrían verse afectados por el desarrollo del proyecto.
En línea con este espíritu de colaboración, el Concello de Cambre anunció que llevará a cabo una campaña informativa para dar a conocer los detalles del proyecto urbanístico a los vecinos. El objetivo es garantizar la máxima transparencia y que los afectados puedan estar al tanto de las implicaciones de la futura urbanización.
Pese a las diferencias jurídicas, ambos alcaldes dejaron claro que primará el entendimiento mutuo y la voluntad de trabajar conjuntamente, independientemente del resultado de la sentencia. Además, se mostraron dispuestos a mantener conversaciones con los promotores de la urbanización para encontrar soluciones equilibradas. Con esta reunión, Oleiros y Cambre refuerzan su cooperación institucional, demostrando que, más allá de las disputas legales, el interés común de los vecinos es la prioridad.