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domingo | 28 abril | 2024
La okupación es uno de los problemas que más ha dado que hablar en los últimos años y, sea cual sea la importancia real que se le quiera dar, en A Coruña el fenómeno persiste. Okupar una casa o incluso un edificio entero se puede convertir en un problema que no solo afecta al propietario del inmueble, sino al vecindario, sobre todo cuando se trata de un edificio abandonado. El proceso para expulsar a los okupas y puede demorarse meses, o incluso años, pero comienza con la redacción de un informe por parte de la Policía Local y los agentes realizan uno a la semana.
Esto se ha venido repitiendo durante los últimos ejercicios. Hay que tener en cuenta que la Policía Nacional no redacta estos informes, solo la Local. Normalmente, cuando la okupación está consolidada: es entonces cuando tiene que identificar a sus ocupantes, de manera que se les pueda localizar en caso de un incidente. También tienen que comprobar si hay personas en situación de dependencia, sobre todo menores, en la vivienda.
No solo porque esto dificulta los trámites para el desalojo sino, sobre todo, porque al tratarse de un menor se tiene que dar cuenta a los Servicios Sociales. Estos deben hacer un seguimiento de su situación y asegurarse de que se encuentra con sus tutores legales y debidamente escolarizados, sean okupas o no. En caso de que la situación sea precaria, los Servicios Sociales se aseguran de que tengan acceso a agua corriente y otros elementos básicos.
También es importante mantener identificados a los residentes de los pisos para cuando sea necesario entregarles una notificación. Por ejemplo, el mes pasado, la Concejalía de Medio Ambiente, que en ese momento todavía estaba el frente Esther Fontán, decidió tomar cartas en el asunto ante la acumulación de basura que se estaba produciendo en el patio interior del número 120 de la ronda de Nelle, un edificio totalmente okupado por varias personas, muchas de ellas en situación irregular en el país, que arrojaban la basura por la ventana.
La situación era ya preocupante desde el punto de vista sanitario e incomodaba a los vecinos de los edificios adyacentes por el olor y las moscas, así que Medio Ambiente envió a agentes municipales para solicitar permiso a los residentes del primero piso para poder acceder al patio interior del edificio.
Pero esto solo es necesario si el okupa se ha instalado y hay evidencia de ello: por ejemplo, comida en la nevera o ropa tendida, por ejemplo. Si no es así, la Policía Local puede actuar de manera tajante para expulsar a los allanadores del edificio antes de que tomen posesión de él.
Es lo que ocurrió varias veces en la antigua sede del Club Financiero, junto a Matogrande, donde la pronta intervención de la Policía Local impidió varios intentos de okupación. Sin embargo, al no instalarse seguridad privada ni tapiarse los accesos, los okupas, todos ellos individuos marginales, consiguieron colarse en el interior e instalarse. Actualmente suponen un quebradero de cabeza para los vecinos de la
zona, que les achacan toda clase de pequeños robos.
La Policía Local también acude a menudo a algunos de los edificios por culpa de las peleas que se producen en su interior, normalmente entre los mismos residentes, o entre miembros de su círculo, muchas veces relacionadas con el tráfico de drogas. Pero es la Policía Nacional la que se encarga de realizar los desalojos que ponen fin al problema.
