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jueves | 25 abril | 2024
Un agente de Policía de A Coruña acusado de sustraer un teléfono móvil aprovechando que se encontraba investigando un robo producido en una tienda de la ciudad herculina ha negado los hechos que se le imputan por los que la Fiscalía pide 15 meses de prisión.
El procesado ha alegado que tiene una "empresa familiar" de telefonía que ofrece, entre otros servicios, la compra y venta de móviles de segunda mano y "al mes y pico" del suceso dejaron en su establecimiento "para tasar" un teléfono que "procedía de este robo".
Durante el juicio celebrado este miércoles en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, el encausado ha explicado que "en aquel momento" en sus tiendas "sólo se recogían los datos" del usuario que aportaba el nuevo teléfono "si se formalizaba el contrato de compra venta". "A raíz de esto todo teléfono que pase por la tienda identificamos a cada persona", ha puntualizado.
"La práctica habitual para comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo era introducir una tarjeta o varias, de cualquiera, y usarlo con normalidad", ha contestado el agente al ser cuestionado por haber hecho uso del teléfono sustraído durante días.
"Si yo retiro un teléfono no voy a meter mi tarjeta", ha recalcado el encausado, quien ha añadido que forma parte del Cuerpo de Policía desde el año 2003 y conoce cómo se llevan a cabo las investigaciones y "los procedimientos".
Según el escrito de acusación, el agente, junto a un compañero, acudió a un establecimiento de telefonía el 16 de julio de 2017, después de ser alertados por la encargada de la tienda de que había sufrido un robo. La mujer contó a los agentes que había sido sustraído un "elevado número de teléfonos móviles".
Los policías empezaron entonces la inspección del local de forma autónoma, dado que la mujer, por su condición de agentes, "estaba convencida de su honestidad".
Aprovechando el desorden generado, señala Fiscalía, uno de los policías "se hizo de modo subrepticio con uno de los terminales móviles que habían quedado allí", valorado en 722 euros, y "se lo quedó para sí con la convicción de que, dada la cantidad de aparatos aparentemente sustraídos, la responsable del comercio pensaría que formaba parte de los que inicialmente se habían llevado" en el robo.
Las investigaciones policiales permitieron localizar el terminal semanas después en poder de otra persona, de la que no existe constancia de que conociese su origen ilícito. Hasta ella, apunta el fiscal, "llegó tras usarlo el acusado unos días".
El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de hurto y pide para el agente 15 meses de prisión con suspensión para el ejercicio de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Reclama también que devuelva a la tienda los 722 euros del terminal. La defensa, por su parte, pide la libre absolución.
