Otra sentencia tumba la elección de tres directoras de Servicios Sociales

Vista del palacio municipal de María Pita, sede del Gobierno local | javier alborés

El Gobierno local acumula una racha de ceses, dimisiones, y sentencias judiciales que han generado una sensación de inseguridad y han proporcionado abundante munición a la oposición. Esta semana se conocía una nueva sentencia, proveniente del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro, que considera que no es conforme al derecho el nombramiento de tres directoras de unidad de Servicios Sociales de julio del año pasado.


Según expone la sentencia, el Gobierno local (cuyo concejal de Personal es José Manuel Lage), para ocupar estos tres puestos empleó unos “supuestos criterios” poco claros: las necesidades que se exponen no tiene que ver con los puestos en sí, son criterios “ad hoc”. Es decir, escogidos de forma arbitraria (se dejaron en blanco algunas partes). A los candidatos se les exigía un currículum, pero no documentación específica que pudiera 

usarse como un baremo objetivo.


Por otro lado, una de las escogidas ni siquiera figura como candidata en la resolución de las candidaturas. Por último, el juzgado considera que el Gobierno local faltó al deber de transparencia, puesto que se limitó a publicar el 15 de septiembre de 2020 la convocatoria, pero no se comunicó a los interesados.


Durante el juicio, la abogada del Ayuntamiento insistió en que para estos tres puestos, que se ocupan en comisión de servicios, el Gobierno de Inés Rey tiene derecho a escoger a la persona que considere, pero el magistrado recuerda que eso no le exime del deber de motivación.


El deber de motivación

Este argumento trae a la memoria otra reciente sentencia, la del nombramiento de la jefa de Seguridad Ciudadana, que se conoció hace menos de un mes. También entonces el juzgado de lo contencioso-administrativo número dos consideró que estaba mal motivadas las razones que se alegaban para contratar a la candidata, que figura en la lista de Inés Rey a las municipales.


Es por eso que el juzgado considera la elección “no conforme al derecho”. De todos modos, el Gobierno local ya anunció que recurrirá. “Discrepamos absolutamente”, señalaron fuentes municipales que se preguntan: “Cando non había ningún procedemento, antes da chegada deste Goberno, e se nomeaba en comisión de servicios sen nengún tipo de criterio nin de transparencia como os que nós introducimos, que é o que dicían os representantes que agora teñen tanto que dicir”. Para el Gobierno local, desconocen la diferencia entre un procedimiento de libre designación y una comisión de servicio.

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