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sábado | 20 abril | 2024
Que la vivienda es un bien de difícil acceso se ha denunciado de forma recurrente. Cada vez más los propietarios de pisos en alquiler exigen más garantías a los posibles inquilinos, lo que desanima a muchos. Pero dependiendo de lo precario de la situación puede ser más o menos grave. Entre los individuos en riesgo de exclusión social, la falta de opciones de alojamiento les obliga a compartir piso, lo que provoca un aumento de las agresiones. De hecho, 2022 comenzó con dos casos de apuñalamiento, de un compañero de piso contra otro.
En efecto, el día 2 de enero, agentes de la Policía Nacional detenían a un sujeto de 60 años como sospechoso de un intento de homicidio. Según la Jefatura Superior, habría tratado de degollar a su compañero de piso con un cuchillo cuando este le exigió el alquiler. El suceso se saldó con el sospechoso detenido y la víctima herida leve, gracias a que pudo defenderse con la mano. El agresor tenía antecedentes y el caso se consideró tentativa de homicidio.
Pero el día 11 se repitió un suceso muy semejante: dos varones, compañeros de piso, iniciaron una discusión en el domicilio que compartían. Los detenidos, de 41 y 47 años, contaban con antecedentes policiales. Todo comenzó con un altercado entre ambos que fue subiendo de tono y comenzaron a amenazarse de muerte mutuamente. Uno de ellos empuñó un cuchillo y otro le golpeó con un objeto contundente, sin cesar las amenazas. Un tercer residente decidió llamar al 091 y, al llegar, los policías observaron a un varón tendido en el suelo y otro encima de él, amenazándose a gritos. Uno presentaba cortes en una pierna.
No han sido los casos más graves que ha registrado la ciudad. En abril de 2019, en un piso de Labañou, tres hombres compartían piso. Uno de ellos era un oscense que vivía de la asistencia social y los otros dos se dedicaban a la prostitución. Estos mantuvieron una disputa y, según la sentencia que condenó al agresor, un uruguayo, a 13 años de cárcel, este se dirigió a la habitación donde estaba la víctima para enfrentarse a ella y pedirle explicaciones por haber hecho circular un video sexual suyo. Durante la pelea, el fallecido se dirigió al baño, hasta donde fue perseguido por el uruguayo. Una vez allí, según la resolución, lo estranguló con un cinturón sin que el tercero se diera cuenta de nada, encerrado en su habitación.
En marzo de 2019 tuvo lugar otro incidente en As Lagoas: una mujer de 48 años que vivía con otros cuatro hombres en un piso apuñaló a su novio y casero con un cuchillo de grandes dimensiones, después de que este le anunciara que rompía con ella. Luego prendió fuego al domicilio, así que uno de sus compañeros de piso decidió saltar por la ventana, mientras que los otros dos se quedaron encerrados en una habitación de la casa en llamas y llamaron por teléfono a los servicios de emergencia. La mujer fue acusada de cuatro intentos de homicidio.
Todo forma parte de un fenómeno poco conocido, “submercado marginal de realquiler, alejado de unos estándares mínimos de normalidad, donde las personas permanecen en un submundo paralelo a la sociedad normalizada”. Así es cómo lo describen en un informe de la Cocina Económica.
Muchas de estas personas arrastran problemas de salud, incluidos mentales, o dependencias al alcohol o las drogas que suelen derivar en problemas de convivencia, la cual se agrava cuantas más personas residen en la misma vivienda. “Los problemas de convivencia son habituales, como lo es cambiar de alojamiento varias veces en el año –apunta el trabajador social Pablo Sánchez–. Si la convivencia es algo complejo, aquí los conflictos están garantizados”.
Pero estos individuos nunca podrían cumplir los requisitos de acceso a una vivienda, así que están condenados a convivir con unos indeseables compañeros de piso o convertirse en okupas.
