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sábado | 20 abril | 2024
La demolición total del número 13 de San Roque de Afuera por irregularidad urbanística (exceso de volumetría) parece inevitable. De ser así, se trataría de un caso prácticamente inédito en la historia urbanística de A Coruña, y de Galicia, donde nadie ha escuchado jamás que se derribe un bloque de viviendas habitado: ni el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG), ni la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco) ni la misma Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Pero, como señaló la alcaldesa, Inés Rey, “coa sentencia que obliga a demoler, non atopamos ningunha vía que non sexa licitar ese proxecto de demolición”.
Los propietarios de los pisos, por supuesto, quieren seguir peleando en busca de un resquicio legal al que aferrarse, pero está prácticamente descartado. Aún así, la alcaldesa señalaba durante una visita a la asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC) que “si existira algún medio ou algunha vía legal para poder mantelo, o concello sempre explora todas as vías legais, tratando de ademais de causar o menor prexuicio posible”. Pero insistió en que el cumplimiento de la sentencia obliga a demoler, y el Gobierno local y la propia alcaldesa, abogada de formación, tienen que acatarla: “Non podemos declararnos rebeldes”.
Desde luego, al Ayuntamiento le gustaría que existiera algún medio para impedirlo, porque va a tener que pagar compensaciones a los residentes, dado que el edificio se construyó con una licencia municipal que vulneraba el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Además, está el coste de la demolición en sí, unos 500.000 euros. El juzgado de instrucción número tres exigió a la Concejalía de Urbanismo que le entregara el proyecto de demolición, que data de 2018, con los costes. Por eso había intentado complacer al juez con una demolición de solo el 30% de la estructura.
El anterior caso de este tipo, el de Conde de Fenosa, el Ayuntamiento sí pudo llegar a un acuerdo, que le costó seis millones de euros. Los 87 vecinos fueron indemnizados por las molestias entre 12.000 y 9.000 euros, y eso que conservaron sus viviendas. Todavía es pronto para decir a cuánto ascenderán las compensaciones. “Se está estudando”, se limitó a señalar la alcaldesa durante su intervención de hoy. Pero todo parece indicar que saldrá bastante más caro.
La historia de este edificio, que parece haber entrado en su etapa final, se remonta a 2002, cuando se concedió una licencia de reforma y los constructores aprovecharon para duplicar la superficie construida, que debía rondar los 1.600 metros cuadrados, a base de reducir el retranqueo. Una vecina lo denunció y en 2008 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló la licencia de obra que el Gobierno local (que por aquel entonces encabezaba Javier Losada) había concedido a la constructora.
El juzgado dictaminó en 2013 que el derribo “alcanza a la totalidad de la edificación” –un total de 17 viviendas– y no solo los elementos que fueron considerados ilegales, como son la zona acristalada de la fachada y los salientes de los tendales del patio, que exceden el máximo de edificabilidad. En aquel dictamen, el juzgado daba la razón a la propietaria de uno de los pisos del edificio (y miembro en su momento de la junta de compensación), que impugnó la licencia municipal de obra, primero ante el Ayuntamiento y luego ante el juzgado.
El Ayuntamiento presentó al juzgado un proyecto de derribo parcial en 2019, que permitiría salvar el 70% del inmueble. La Justicia lo ha rechazo, así que solo se salvará el sótano, donde se encuentran los trasteros y el aparcamiento que comparte con otras comunidades. El resto debe desaparecer.
