Los aparcamientos de María Pita, Mestre Mateo, plaza de Galicia, San Cristóbal, Monte Alto, Ronda de Outeiro-Os Mallos, tres de Vioño, el de Salgado Torres, el del Mirador de Os Castros y el de la calle Pozo, la farmacia de Adormideras y dos quioscos de prensa. Son las quince concesiones que tienen pagos pendientes con el Ayuntamiento de A Coruña y que ahora tendrán hasta el mes de enero de 2026 para liquidar sus deudas.

Este lunes el Gobierno local hizo públicos por primera vez los datos de las concesiones que no están al día de sus deberes económicos recogidas en los correspondientes contratos. De las 105 concesiones que generan actividad económica —y que suman 4,3 millones de euros anuales en cánones—, quince acumulan impagos con la Administración local, señalan fuentes municipales.

La Junta de Gobierno Local aprobó la semana pasada una instrucción específica para ordenar las concesiones municipales creando un nuevo marco normativo que, con su puesta en marcha, incluye la creación de un registro público y actualizado de todas ellas, año tras año. Los nuevos datos actualizados estarán disponibles en la web municipal para que cualquiera pueda consultarlos.

“Con la publicación de la información sobre concesiones permitimos que cualquier ciudadano pueda conocer cómo se están gestionando los recursos públicos, pero la instrucción busca también por primera vez ordenar ese patrimonio y garantizar que los términos de todas y cada una de las concesiones se cumplan”, indicó el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, que defendió la importancia de “poner luz, orden y gestionar el patrimonio con criterios de racionalidad y eficiencia”. “El Gobierno de Inés Rey fue el primero en dar un paso adelante con la gestión de las concesiones, con el fin de buscar dar el mejor servicio, pero también de garantizar la obtención de recursos que son de todas y todos los coruñeses”, indicó Lage.

El Ayuntamiento avanzó en esta línea de acción, ampliando los datos disponibles sobre las concesiones públicas sujetas a canon, cantidades que oscilan en función de la tipología de la concesión, de su plazo de duración y también de los estudios de viabilidad y de explotación, que permiten establecer una previsión de ingresos y costes para las adjudicatarias. Ahora además incluye los datos sobre las concesionarias con deudas con la Administraciones, bien por impago de cánones, bien por impago de tasas e impuestos o bien por ambos motivos. El plan de regularización establece también un plazo máximo, enero del 2026, para que todas las empresas regularicen su situación. De no hacerlo, además de reclamarle la deuda, el Ayuntamiento podrá rescatar las concesiones para sacarlas nuevamente a concurso.