La vieja cárcel provincial de A Coruña vegeta lentamente a la espera que dos administraciones (Ayuntamiento e Instituciones penitenciarias) se pongan de acuerdo sobre su futuro. Mientras tanto, la Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado) ha renovado por tercera vez el servicio de seguridad del edificio con la empresa Prosegur. 

El contrato, de 17.000 euros,se prorroga por tan solo por un mes.  hay que tener en cuenta que, en los últimos años, a medida que avanzaba su estado de abandono, la prisión fue okupada y sufrió también vandalismo. Pero en junio de 2023, la Subdelegación del Gobierno decidió tomar cartas en el asunto y el okupa que se encontraba en el interior, que aseguraba cuidar del recinto, decidió marcharse. 

Desde entonces, no se han notificado más intrusiones. Sin embargo, la disputa por la propiedad de la cárcel se mantiene. Hace casi 20 años, el entonces alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, firmó un acuerdo con la Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) por el que el Ayuntamiento cedía terreno para construir el Centro de Inserción Social (CIS) Carmela Arias a cambio de la vieja prisión provincial. 

Pero el Ayuntamiento no llegó a hacerse con la antigua cárcel, y veinte años de negociaciones y litigios después, la justicia anuló el convenio. Sin embargo, el Siepse anunció que recurrirá la sentencia, pero que tampoco renunciaba al diálogo, aunque este no haya conseguido fructificar un acuerdo en los últimos años.