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viernes | 30 mayo | 2025
El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los coruñeses. El precio del alquiler no toca techo y la oferta se encuentra en mínimos históricos. Por ello, el Ayuntamiento decidió pasar a la acción y, en abril, tras meses de convocatorias de la Mesa de Vivienda y un estudio técnico para certificar si se cumplen los requisitos, solicitó a la Xunta ser declarada zona de mercado tensionado.
El Gobierno autonómico dio su visto bueno a la medida este miércoles, pero a regañadientes: “Non vai solucionar o problema de acceso á vivenda”, apostillaron desde la Consellería de Vivenda. La cara positiva de la moneda la pone la alcaldesa, Inés Rey, quien ayer dijo sentirse satisfecha con la noticia y anunció que, tras la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), se convocará de nuevo a la Mesa de Vivienda para dar nuevos pasos en la hoja de ruta a seguir. “Es una medida que va a contribuir a que los inquilinos se ahorren hasta 400 euros en las rentas y beneficiar a los propietarios, que verán aumentada la desgravación fiscal que perciban por el ingreso de esas rentas”, argumentó Rey.
La regidora reconoció que “no hay ninguna medida que, aisladamente, suponga la solución definitiva a lo que ya es la máxima preocupación de los ciudadanos”, pero recordó que el Gobierno municipal lleva tiempo con un paquete de medidas en marcha, como son “la regulación de las viviendas de uso turístico, la disposición del suelo para que otras administraciones construyan vivienda pública o el aumento de la reserva de vivienda protegida en los nuevos polígonos urbanísticos que se están desarrollando”.
Ante las advertencias de la Xunta –que recurrió la ley estatal de vivienda ante el Tribunal Constitucional–, la alcaldesa se mostró tajante y criticó al PP por “recurrir cuestiones que suponen ampliación de derechos”. “Recurren, torpedean, están en otra cultura de país”, añadió.
Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificó de “error” la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado. Auguró, a su vez, una bajada de la oferta disponible: “Penso que non vai funcionar, sinceramente”. El presidente gallego advirtió, por otra parte, que la consecuencia de esta medida será que los ciudadanos y propietarios se retraigan y no las pongan en alquiler.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, celebró ayer la declaración e indicó que espera que “cunda el ejemplo y que el resto de comunidades gobernadas por el PP asuman que están en la obligación de atender la demanda de alcaldes y alcaldesas que quieren dar todo lo posible a sus vecinos para resolver este problema”. Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, comentó que se siente convencido de que la citada declaración ayudará a facilitar un descenso en los alquileres. Sobre la postura de la Xunta, explicó que es una “conclusión precipitada, parece más magia que realidad”.
El PP y el BNG se muestran contrarios en sus posturas sobre la medida. Los populares consideran que la declaración de zona tensionada “no ataca la raíz del problema. La Xunta tiene que cumplir la ley y al cumplir los requisitos la ha aprobado, pero las zonas tensionadas son un fracaso porque el control de los precios solo provoca que haya menos oferta, y a menos oferta, alquileres más altos”.
Los nacionalistas, por su parte, piden que esta medida se acompañe de otras como el aumento del parque público de viviendas o la movilización de los pisos vacíos. “A Xunta, e non foi sen tempo, fixo o que tiña que facer. A cidade cumpre todas as características para ser declarada zona tensionada. O BNG defendeu durante anos a implantación desa medida. Fomos nós os que lle puxemos como deberes ao Goberno local que tiña que pelexar por esa declaración e fomos nós os que presionamos á Xunta para que a autorizase”, afirmó la concejala Avia Veira.
La abogada de la Asociación de Inquilinos de A Coruña, Verónica Urreaga, manifestó su desesperanza ante la medida: “No va a solucionar nada; lo único que se consigue es que los propietarios retiren más viviendas”. Lo primero que habría que hacer, dice, es “derogar la ley de vivienda y dar más seguridad jurídica a los propietarios”. El miedo a los impagos, señala, “está haciendo que se meta a todos los inquilinos en el mismo saco, diciendo que no pagan. Al final pagan justos por pecadores y un inquilino normal, que paga –que es la mayoría– no puede alquilar”, concluye la abogada de la entidad.
