El Bono Cultura de A Coruña se convierte en un “ataque directo” para una librería de segunda mano
“Lo que nació siendo una ayuda se ha convertido en un ataque directo para nuestra actividad”. Así resume Manuel Ramas, propietario de la librería Uka-Chaka, el Bono Cultura impulsado por el Ayuntamiento de A Coruña. Todo comenzó cuando trató de adherirse al programa. “En el formulario web tienen un epígrafe referido a la actividad económica. Al ser una librería de segunda mano, mi epígrafe sería el de comercio al por menor de bienes usados, pero no aparecía. Al llamar al Ayuntamiento para informar del error –ya que ni me planteaba que nos dejasen fuera de la ayuda–, me comunicaron que no podía adherirme”, sostiene.
Fue en ese momento cuando, sin pretenderlo, comenzó una reivindicación que continuará en redes sociales y a través de una pizarra que el librero muestra en el exterior de su establecimiento en Riego de Agua. “La única ventaja que tenemos las librerías de segunda mano es que ofrecemos los libros al 50%, pero ahora los consumidores podrán adquirir sus libros nuevos a la mitad de precio, por lo que nos quitan la posibilidad de existir”, comenta.
Por ello, Ramas califica de “escándalo” la iniciativa que “iba a ayudarnos y se ha convertido en una medida discriminatoria”. Su indignación, además, viene acompañada de sorpresa, al descubrir que por el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), “las tiendas de animales disecados sí se consideran cultura, pero nosotros no”. El librero ha registrado un escrito en el Ayuntamiento y espera que el Gobierno local rectifique. “No tengo interés en montar una revolución, pero continuaré luchando”, concluye.
El miércoles se abrió el plazo para obtener el Bono Cultura, con descuentos de hasta el 50% en productos y servicios culturales, y ese mismo día se agotó el presupuesto destinado a las descargas después de que se efectuasen un total de 3.568 solicitudes. Los poseedores de los bonos tienen ahora dos meses para poder utilizarlos en la compra de productos o servicios de los establecimientos adheridos. En caso de que no hagan uso de ellos, quedarán anulados y se realizará una nueva convocatoria de descargas hasta consumir la totalidad del crédito establecido, que está cifrado en 260.000 euros.
