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A Coruña

La alcaldesa trató de que el modificado de crédito se apruebe sin el pertinente debate

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El pleno que se va a celebrar hoy se presume complicado para la alcaldesa, Inés Rey. En primer lugar, porque se va a presentar una moción conjunta en la que los tres grupos de la oposición (PP, Marea y BNG) van a reprobar al Gobierno local por su forma de aprobar la Agenda 2030. En segundo lugar, porque se va a aprobar la modificación del PGOM, y tercero, porque se va a intentar aprobar un modificado de crédito. Es posible que este último punto provoque un agrio debate y quizá por eso, la alcaldesa pretendió en la reunión que los portavoces de los grupos municipales aceptaran no debatirla, obviando que la normativa exige que todos los asuntos que se llevan a pleno se debatan antes de ser votados. 

La razón que alegó Rey es que se trata de una simple modificación de dos subvenciones (a la UNED y al Ateneo Republicano) que ya habían sido aprobadas. De lo único que se trata es de incluirlas en el presupuesto de este año bajo los epígrafes adecuados y por eso le parecía “innecesario” debatirla. Sin embargo, ni el PP ni el BNG compartían su opinión. Ni siquiera fue muy del agrado de la portavoz de la Marea, María García, que afeó el gesto de la alcaldesa al tratar de tasar las intervenciones.

Cambios presupuestarios

Según parece, el tono llegó a subir en la Comisión de Portavoces, pero al final el Gobierno local aceptó debatir también este asunto. El problema es que el Gobierno local, que se halla en minoría, no ha conseguido todavía llegar a un acuerdo para aprobar un verdadero modificado del presupuesto de este año, algo que se presenta difícil.

El documento debe incluir varios asuntos, pero uno particularmente espinoso: el del pago pendiente del Ayuntamiento al Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado) por la antigua cárcel provincial. La Marea Atlántica, socio preferente del PSOE, no está muy conforme con el acuerdo alcanzado. También está el asunto de las cuentas del IMCE o de las facturas a deber del Ayuntamiento a la concesionaria de las bibliotecas, todos temas pendientes de un acuerdo que se presume difícil.

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