El Juzgado ha admitido a trámite la demanda del PP de A Coruña para declarar nulo el acuerdo al que llegaron el Gobierno de Inés Rey y Albada, la concesionaria de Nostián. Por este acuerdo, la empresa se comprometía a abonar 7,3 millones de euros menos de lo que estimaba que debía al Ayuntamiento en concepto de servicios que había cobrado indebidamente, tal y como se determinó en sentencia judicial.
El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, explicó que Albada cobró de más en el recibo de la basura entre 2011 y 2018, por valor de 15,6 millones de euros. Esto ocurrió cuando la basura que no se podía reciclar comenzó a rebasar la capacidad de la planta de Nostián, y fue neceasrio enviarla a la planta de la Xunta de Sogama. La empresa alegó que este gasto imprevisto le perjudicaba y exigió que el traslado se pagara a parte, lo que se consiguió durante el bipartito de Javier Losada.
Sin embargo, el siguiente alcalde, Carlos Negreira, del PP, consideró el acuerdo lesivo para los intereses de la ciudad y lo llevó a los tribunales, que finalmente en 2023 dieron la razón a la ciudad en una sentencia firme emitida por el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG). Sin embargo, la sentencia no indicaba la cantidad que podía reclamar el Ayuntamiento. El concejal de Hacienda, José Manuel Lage, decidió ir a lo seguro y cerró un acuerdo con Albada por 7,3 millones de euros.
El 24 de febrero, la Junta de Gobierno local aprobó el trato, al que el PP se opone frontalmente. “Cuando conocimos este acuerdo, ya anunciamos que no nos íbamos a quedar quietos”, recuerda Lorenzo. Presentaron un recurso frente al Juzgado Contencioso Administrativo número dos, el mismo que había validado el acuerdo entra ambas partes, exigiendo al anulación, y este lo ha admitido a trámite.
Ahora el juzgado le comunicará al Ayuntamiento este recurso, le requerirá el expediente completo “y cuando lo tengamos presentaremos el escrito de demanda con todos los fundamentos jurídicos para que se anule este acuerdo y exigir responsabilidades a quienes lo aprobaron”, adelantó Lorenzo.
Él, como muchos otros, opina que con una sentencia judicial en firme a su favor, el Ayuntamiento habría conseguido de los tribunales la devolución total de la deuda, así que le parece inexplicable que renuncia a esos 8,3 millones de euros. Aunque el PP reconoce que el juez validó la transacción, recuerdan que, “si lo presentan las partes en litigio, tiene que aprobarlo. Pero que no quiere decir que beneficie a los coruñeses. Es dinero público, no de Lage Tuñas o Inés Rey”.