Los ministros de Podemos proponen limitar el precio de la energía nuclear y la hidroeléctrica

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Unidas Podemos propuso al PSOE limitar el precio de la energía nuclear y de la hidroeléctrica para bajar la factura de la luz, una medida que a su juicio el Gobierno podría acometer por decreto ley y así conseguir que los ciudadanos se vieran beneficiados a corto plazo.


La idea ya fue planteada en el Gobierno por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y por el titular de Consumo y coordinador de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón. La propuesta está ya en manos del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, que ha prometido evaluar la viabilidad de la propuesta “con el máximo respeto”.


El objetivo de Unidas Podemos, según fuentes de la formación, es lograr que la factura de la luz baje con carácter inmediato y así atender la situación límite que vive España con los máximos históricos de las últimas semanas.


Por eso, abogan por acometer esta reforma del mercado eléctrico a través de un decreto ley que pudiera entrar en vigor en un periodo de tiempo muy breve y lograr un ahorro de entre 1.500 y 3.200 millones de euros al año para los ciudadanos, según los cálculos aportados por la Unidas Podemos.


El modelo francés

En concreto, proponen establecer un precio fijo para la energía nuclear, tal y como ya hace Francia.


Así las comercializadoras podrán adquirir la energía nuclear a este precio de referencia y los consumidores quedarán protegidos frente a subidas en los costes de otras tecnologías que, con el sistema actual, se transfieren a la nuclear en forma de los llamados “beneficios caídos del cielo’.


Y en segundo lugar, quieren poner un precio máximo para la energía hidroeléctrica mediante un sistema similar al actualmente utilizado para algunas energías renovables.


Así, cuando el precio de otras energías, como el gas, sea muy elevado, este no podrá encarecer el de otras energías más baratas como la hidroeléctrica.


Según su plan, los precios de ambos tipos de energía serían fijados a través de una auditoría basada en los costes de generación, una labor de la que se encargaría la Comisión Nacional de los Mercados. 

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