A pesar de que la cifra de infectados por el covid siguen subiendo, la recuperación económica también, lo que permite a los trabajadores sociales pensar que lo peor de la crisis ya pasó. “A día de hoy, la situación está contenida”, opina Pablo Sánchez, de la Cocina Económica. Sin embargo, mucha gente ha quedado en situación precaria, lo que se refleja en el número creciente de subsidios sociales que conceden las diferentes administraciones. Solo en el caso de Ayuntamiento, han sido 865 los beneficiarios de la Renta Social Municipal.

Por su parte, la Consellería de Política Socia señala que, a mes de junio, había 901 personas que reciben la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga). Una cifra que supera la suma de Ferrol (213), Santiago (151) y Lugo (454) aunque sigue siendo mucho menor que la de Vigo, que llegaba a los 2.195.

A esto hay que añadir el Ingreso Mínimo Vital, que cada vez es más importante. En este caso no existen estadísticas a nivel municipal, aunque los datos publicados por el Ministerio de Inclusión Social en marzo contabilizaban ya a 4.924 beneficiados en la provincia herculina, frente a 3.265 de Pontevedra. Es decir, que la de A Coruña es la provincia con más beneficiados del IMV. “Es la prestación estrella en este momento”, reconoce Sánchez. El motivo es que la cantidad que aporta es mayor que el de otros subsidios, por lo que incluso los que ya recibían otro prefieren rechazarlo para poder solicitar el IMV.

Los trabajadores sociales señalan que, además, se está concediendo a un ritmo bastante aceptable. Sobre las cuantías, todo depende del número de miembros de la “unidad de convivencia”, como se define a las personas que viven bajo el mismo techo. El importe para un individuo es de 469, 93 euros al mes, 12 mensualidades. Para un adulto a y menor 714 con dos 855 mientras que el máximo es 1.033,85 euros.

Cambios normativos

De hecho, la IMV provoca que cada vez haya menos beneficiarios de la Risga en la ciudad. Hace un año eran 1.367, lo que indica un descenso del 36% que desde la Xunta achacan a que las dos prestaciones son excluyentes y prácticamente exigen los mismos requisitos, así que los potenciales beneficiarios escogen la primera. Por eso las autoridades han decidido hacer los cambios necesarios para que no se solapen. Desde la Consellería de Política Social señalan que “a Xunta leva meses traballando da man das entidades contra a pobreza na modificación da Lei para adaptarse á nova situación. No vindeiro trimestre o Goberno galego comezará oficialmente a súa tramitación”

Queda por ver si este estancamiento se mantiene, porque en esta época de año siempre hay un impás, en lo que a demanda de ayuda se refiere, con la parálisis de la administración pública propia del mes de agosto. Sin embargo, los trabajadores sociales constatan que “continúan llegando casos nuevos pero a un ritmo más normalizado en relación con años anteriores”. Es algo que también habían señalado en otras entidades como Casco.

Desde la Cocina Económica consideran al respecto que “es posible que hayamos tocado fondo en lo que es esta crisis, pero son demasiados los factores y las variables. Habrá que ver si el empleo que se creó se va a mantener y eso de rebote implica actividad en otros sectores. Pero sí que es cierto que parece que las consecuencias socioeconómicas de la crisis del covid se están mermando, podemos estar en los últimos coletazos”.