Absuelven al exalcalde de Coristanco de malversación, prevaricación y fraude

El exalcalde, el día del juicio/AEC
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La Audiencia provincial de A Coruña ha absuelto al exalcalde de Coristanco Antonio Pensado de dos delitos de prevaricación, uno de malversación de caudales públicos y otro de fraude a la Administración pública.


La Fiscalía, que lo acusaba de aprovechar en 2011 para uso personal tres partidas de hormigón destinadas a obras municipales y de contratar el suministro de gasóleo en 2012 para instalaciones municipales a un precio muy superior al de mercado, pedía una condena de 5 años de cárcel y otros 27 años de inhabilitación.


Además, acusaba a su mujer y a su hijo, que finalmente también han sido absueltos, de supuestamente haber recibido el hormigón para uso personal.


La sección segunda del citado tribunal explica en la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, que el hijo y la mujer del entonces regidor firmaron albaranes de entrega de hormigón en la parroquia de Seavia, en la que vivía la familia, donde "no se llevaba a cabo ninguna obra municipal".


No obstante, los magistrados añaden que estos supuestos, en alusión a una apropiación para uso personal, "no pueden tenerse por acreditado".


Pensado alegó en la vista oral del juicio que el material era para una obra municipal que no tenía contrato porque era "pequeña" y se hizo "de urgencia".


Así, los jueces agregan que en esa parroquia, en otras ocasiones, "se descargó el mismo material, recepcionado por persona distinta a los acusados", en el día anterior y en el último de esos en que tuvieron intervención los acusados.


"Los acusados ofrecen una explicación que justificaría su intervención en los documentos", según la Audiencia.


Respecto al segundo asuntos, el entonces alcalde estaba acusado de contratar por un "precio desorbitado" el suministro de gasóleo con cargo a fondos municipales.


La Audiencia considera que "de ese supuesto concierto no existe mínima prueba, por mucho que se tratara de la principal empresa suministradora del producto, y el ánimo ilícito sólo podría deducirse del sobreprecio, este sí acreditado con el informe que analiza comparativamente facturas de las mismas fechas".


Así, argumenta que la intervención municipal no presentó "reparo" alguno, sino más bien un "informe favorable".

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