18º-25º
miércoles | 25 junio | 2025
Revés judicial para el Gobierno local de A Coruña. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha emitido una sentencia en la que condena al Ayuntamiento a pagar casi 140.000 euros, más los intereses de demora, por ordenar de forma irregular la prórroga del contrato del servicio de conserjería de las instalaciones deportivas municipales en 2023.
El fallo, que es recurrible ante el Supremo, afirma que la resolución municipal no fue “conforme a derecho” y que fue “una prórroga en modo alguno permitida”. De este modo, los jueces dan la razón a la concesionaria, Serviplustotal.
El Ayuntamiento adjudicó este contrato a la empresa en enero de 2019. Tenía un plazo de ejecución de cuatro años, con vencimiento establecido en el 15 de enero de 2023, con la posibilidad de prorrogarlo de forma obligatoria para el contratista por otro año más.
Según recoge la sentencia, la extensión en el tiempo del servicio no fue acordada formalmente, pero se continuó prestando hasta el 11 de julio de 2023, cuando la empresa comunicó al Ejecutivo local que dejaría de asumirlo debido a que “no le resultaba rentable económicamente”. En ese momento, la concesionaria informó de que dejaría de llevar las tareas de conserjería en un plazo de 15 días.
En respuesta a lo comunicado por esta empresa, con fecha de 19 de julio de 2023, el por enctonces concejal del Área de Fomento y Promoción de la Ciudad, Gonzalo Castro, ordenó que se continuara prestando por “el tiempo indispensable para dar continuidad al servicio”, según relatan los jueces. Siguió con el servicio hasta el 5 de noviembre del mismo año, fecha en la que se adjudicó el contrato a otra concesionaria.
La concesionaria recurrió la orden municipal ante la justicia y pidió que se anulase. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña estimó parcialmente la petición de Serviplustotal al entender que, si bien el contrato se había extinguido el 15 de enero de 2023, a partir de lo cual se mantuvo en precario, la orden municipal de que la firma continuase con el servicio “fue ajustada a derecho” y ordenó que se le pagasen 153.069 euros que reclamó.
Ahora, el Tribunal Superior corrige el fallo de primera instancia y señala “no comparte la conclusión de que fuera conforme a derecho la resolución que acordó dar continuidad al servicio, expresión que debe entenderse como lo que era: una prórroga en modo alguno permitida”.
Los jueces advierten de que el Ayuntamiento “no acordó de forma expresa” la prórroga y que no era posible entenderla de forma tácita.
“Si no se podía prorrogar un contrato inexistente, no se estaba en presencia de una obligación que surgiera de un contrato, sino del acto ilícito, culposo o negligente (...), de lo que se concluye que la compensación económica no podía ser la prevista en el contrato extinguido, sino la que respondiera al coste real y efectivo de la prestación ejecutada”, concluye el Superior.
El Ayuntamiento intentó defender que el decreto de prórroga del contrato no era nulo y alegó que la contratista sabía que se podía prorrogar el contrato por un año.
Los magistrados rechazaron este argumento. La sentencia, tras recalcular parte de las facturas presentadas por la concesionaria del servicio, fija que Serviplustotal debe cobrar 139.994,36 euros, a los que hay que sumar el interés de demora desde el 4 de mazo 2024.
