Dimiten los siete concejales del PPdeG condenados a nueve años de inhabilitación

Los siete concejales de Santiago condenados por prevaricación abandonarán la corporación municipal y recurrirán la sentencia que los condena a nueve años de inhabilitación por haber acordado la defensa con dinero público del excompañero de gobierno Adrián Varela, imputado en la operación \“Pokémon\”, quien también anunció su dimisión la semana pasada.
María Pardo, portavoz del Gobierno municipal, y una de las concejales que dejará el acta, leyó ante los periodistas una pequeña declaración con este anuncio, acompañada por el secretario xeral del PP gallego, Alfonso Rueda, el presidente provincial del partido en A Coruña, Carlos Negreira y el alcalde de Santiago, Ángel Currás, que no hicieron declaraciones.
Pardo y los seis concejales condenados mantuvieron en la tarde de ayer una reunión de más de dos horas en la sede autonómica del PP, tras la que se anunció esta decisión.

actas
La portavoz del Gobierno anunció la renuncia a las actas de concejal de los siete ediles que formaban parte de la junta de gobierno el 30 de mayo de 2013, en que decidieron sufragar con fondos públicos la defensa del compañero de corporación Adrián Varela.
Se trata de ella misma, junto a Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y José García Bello, que dejarán sus actas tras la decisión del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago que les inhabilitó.
En todo caso, dijo que los siete ediles continúan \“confiando plenamente\” en su inocencia, por lo que recurrirán la sentencia ante las instancias judiciales, ya que ven \“injusta\” la resolución judicial, \“tanto en lo que a la condena se refiere como a la pena\”.
Tras esta breve comunicación, María Pardo no especificó cómo se va a materializar la renuncia e indicó que hoy \“se dará cuenta de todo esto\”.
A preguntas al alcalde de si piensa dimitir, dijo: \“Mañana (por hoy) ya hablamos\”.
El fallo se conoce después de que el 19 de mayo estos ediles del Partido Popular se sentasen en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación tras autorizar en esa reunión celebrada el 30 de mayo de 2013 abonar de esta manera la defensa del entonces edil de Deportes, Adrián Varela, que formalizó su dimisión el martes pasado.
La decisión de costear esta representación legal con dinero de las arcas municipales se adoptó después de una solicitud de Adrián Varela, pero al final no se materializó puesto que él mismo renunció a que su abogado en la causa judicial que dirige el juzgado de instrucción número uno de Lugo y en la que está imputado por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, se pagase con otros medios que no fuesen los suyos propios.
El acuerdo en la mencionada junta de gobierno fue denunciado por una particular, y la fiscal Arancha San José siempre mantuvo su petición de nueve años de inhabilitación al entender que no habían defendido lo público.

beneficio particular
Uno de los concejales condenados, Francisco Noya, tenía previsto ofrecer ayer una rueda de prensa a las doce para presentar un campaña, pero fue sustituido por una técnico.
El fallo judicial sostiene que \“injustamente\” y valiéndose de su condición de autoridad, estos concejales \“obraron\” a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo que estaban adoptando, todo ello en beneficio \“exclusivamente particular\”.
El juez Jesús Leal concluye que los acusados fueron en todo momento sabedores de que la resolución no se ajustaba a derecho y que, aún así, acordaron asumir la propuesta formulada por el concejal imputado, que se trató de urgencia, en los términos por él mismo redactados y sin hacer referencia expresa en su acuerdo a los \“condicionantes\” que desde la Asesoría Jurídica les fueron indicados, ni tampoco examinar en modo alguno si concurrían o no los mismos.
La sentencia hace constar que sufragar con cargo a las arcas municipales la representación procesal de un concejal imputado por delitos de los considerados de corrupción no entra dentro de los parámetros de defensa letrada consustancial a las funciones innatas del cargo.
El magistrado considera \“candorosa\” la \“táctica exculpatoria\” y ve obstinación en un \“intento de justificación\” que gravitó sobre el hecho de que habrían adoptado el cuestionado acuerdo ajustándose al \“método habitual\” de conducta en la adopción de este tipo de decisiones, amparando así \“su extralimitación en esta máxima\”.

reproches
El fallo reprocha que se apele a tal proceder en una \“cripta de arbitrariedad e injusticia\”, y concreta que precisamente es ahí donde tiene que intervenir \“de forma firme e inapelable\” el Derecho Penal.
El ejecutivo local, bajo el mandato de Ángel Currás, ya vivió la dimisión del que era concejal de Tráfico Albino Vázquez, imputado en el caso Pokémon por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias, así como la salida de Paula Prado, diputada autonómica, salpicada, aunque no imputada, por la operación \“Pokémon\”.
La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ordenó abrir una pieza separada sobre Prado y preguntar s por su condición de aforada. n