Las leyes del mercado

as leyes del mercado, que la derecha invoca como cosa sagrada para oponerse radicalmente a cualquier clase de regulación del alquiler, y, en general, a cualquier clase de regulación de cualquier cosa susceptible de negocio, son, nadie lo ignora, unas leyes no escritas, que no dimanan del poder legislativo, que no se compaginan con los principios de la Constitución, pero que, al contrario que una buena parte de las leyes escritas, dimanadas y compaginadas, se cumplen a rajatabla. Y, como es natural, de ello se beneficia exclusivamente el inventor de tales leyes, el mercado.

Ahora bien; como toda sencilla verdad, la referida es ampliamente combatida y negada, en su caso por aquellos que, sabedores de la naturaleza ful de esas leyes, las elevan a la categoría de dogma, suponiendo que a esa altura nada puede alcanzarlas ni menoscabarlas, y menos unos diputadillos de tres al cuarto que no tienen más aval que el de ser representantes legítimos del pueblo. Y una prueba de esa sombría realidad se dio ayer en la sesión de control al Gobierno en el Congreso a cuenta, precisamente, de la regulación del precio del alquiler que el Ejecutivo prepara, bien que sin ponerse muy de acuerdo consigo mismo en lo referido al alcance y contenido de dicha ley en ciernes.

La discusión entre la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ferviente defensora de “las leyes del mercado”, y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, circunstancial pero también fervoroso defensor de la leyes propiamente dichas, aquellas amparadas en y por la Constitución, deparó momentos interesantes y reveladores. En lo que defiende Cuca no cabe detenerse, pues de sobra conocido es el catecismo del capitalismo salvaje (valga el pleonasmo) que su partido se sabe al dedillo y cuyos dictados entiende como de obligado cumplimiento, pero en relación a Iglesias, que defendió algo tan puesto en razón como la necesidad de civilizar un poco ese salvajismo haciendo asequible guarecerse bajo un techo, sí cabe alguna consideración suplementaria. La principal, que un señor que cae tan regular y que se desata tan fácilmente, sea el encargado de defender una causa justa, una ley que, si bien algo lesiva para el desaforado afán de lucro de algunos, no puede sino beneficiar a la nación y, desde luego, a la mayoría de quienes la habitan. Es una pena que no haya hoy en la política española personalidades que sepan conciliar la firmeza con la mesura.